La indignación y el bochorno que he sentido este fin de semana al ver a la Ministra de Hacienda anunciar el nuevo impuesto denominado, coloquialmente, de plusvalía en el Congreso del PSOE de Andalucía, me lleva a escribir esta carta abierta.
Si, he sentido bochorno por la forma y por el contenido. La ex consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía de los ERE, de Invercaria, la campeona del paro nacional, entre otros muchos logros negativos, que hoy dirige nuestra Hacienda nacional -¿de verdad el PSOE no tenía a nadie mejor en toda España para esta trascendental responsabilidad?-, usaba un tono demasiado poco apropiado para anunciar esa relevante medida fiscal, lo cual demuestra la desconexión que existe en este momento con la situación que vive el ciudadano de la calle. Y lo peor fue que, según cuentan las crónicas periodísticas presentes, la jalearon muchos alcaldes presentes en el acto.
¡Pues yo no aplaudo! El Tribunal Constitucional acaba de dictar una sentencia según la cual este impuesto es inconstitucional por confiscatorio, repito; CONFISCATORIO. Es decir, en plena crisis tras el 2009, con el valor de los bienes inmuebles hundiéndose, empresas quebrando en cascada y trabajadores yéndose al paro por legión, nosotros aplicábamos un impuesto “confiscatorio”, hasta el punto que si el valor de venta o donación del inmueble era inferior al de adquisición, la Hacienda Pública cobraba una cuota por una “plusvalía inventada” ya que en realidad era una minusvalía, una pérdida. Pérdida sobre pérdida. ¿Qué hay de gracioso en esta grotesca situación para hacer bromas jocosas?
No quiero hacer populismo con los impuestos. Son imprescindibles para mantener un buen sistema sanitario o educativo, por ejemplo. Pero, si existen Administraciones Públicas tan injustas e insensibles que les lleva a crear impuestos y más impuestos ignorando la realidad de las empresas y de sus ciudadanos, impuestos y más impuestos sobre el trabajo con los problemas de desempleo que hay en este país, sobre plusvalías inexistentes, sobre el consumo energético etc., al tiempo que dispara el gasto público para perseguir las flatulencias ecocidas de las vacas, yo digo como responsable pública que me avergüenzo de esa Administración, y pido perdón a todos los que estos años han tenido que pagar el inconstitucional impuesto de plusvalía. Las Administraciones estamos para servir al ciudadano, no el ciudadano a la Administración.
Hago una última petición pública. Creo que este impuesto sigue siendo injusto, incluso bajo su nuevo sistema de cálculo. Pero, los Ayuntamientos necesitamos recursos económicos para prestar los cada vez más numerosos servicios que prestamos. Pido, públicamente, que junto a la revisión del sistema de financiación autonómica que se está a punto de abordar, se revise también la financiación de la Administración Local, para que se nos dote de unos recursos justos, equilibrados, mesurados y suficientes, que pasarán, necesariamente, porque el Gobierno de España recupere ya la responsabilidad fiscal, suprimiendo tanto derroche de gasto público en chiringuitos y enchufados, para que todos podamos volver a mirar a los ojos a nuestros administrados que tan mal lo están pasando en este momento.
