Ante la publicación anoche del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, COEC considera necesaria cualquier medida que contribuya a velar por la salud de los ciudadanos y a disminuir o reducir los efectos de esta pandemia tan grave.
No obstante, la patronal cartagenera estima que no se puede cargar a las empresas con el coste total de ese cierre, pues los ingresos desaparecen, pero los costes se mantienen. Y hay muchas empresas que no pueden asumirlo. Además, es insuficiente el plazo de 24 horas para proceder al cierre de la producción y actividad de las empresas. Hay sectores como el industrial y la construcción que necesitan de un plazo más amplio para poder detener sus procesos productivos.
Esta Confederación echa en falta medidas que apoyen y aseguren la permanencia de nuestro tejido empresarial. Las empresas son el motor de la economía, generadoras de empleo y desarrollo, y por ello es necesario dotarlas de todos los recursos y medidas necesarias que garanticen su pervivencia.
La presidenta de COEC, Ana Correa ha demandado del Gobierno de España “el inmediato aplazamiento en la presentación de impuestos y ampliación de las cuantías a fraccionar, así como suspensión del pago de cotizaciones sociales para autónomos y pymes. Así como, la inyección de liquidez en las empresas para evitar su desaparición”.
La línea de avales propuesta por el Estado va a ser empleada, en gran medida, para obtener la liquidez necesaria para hacer frente a las diferentes obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Por tanto, no se está dotando de verdadera liquidez a las empresas para poder atender sus pagos y garantizar su futuro.
“No entendemos cómo todo el esfuerzo económico de esta crisis debe recaer en nuestras empresas. La producción y la prestación de servicios de las compañías ha cesado en gran medida. Los ingresos se han visto muy reducidos, cuando no desaparecidos. Sin embargo, la administración continúa cobrando sus impuestos y cotizaciones sociales. Es una situación manifiestamente injusta para el empresariado” ha manifestado Correa.
COEC considera que deben incrementarse las diferentes medidas, de manera urgente, que inyecten liquidez suficiente a nuestras empresas para evitar el colapso total de la economía de España. Las entidades financieras deben realizar un gran esfuerzo en ser extremadamente ágiles en hacer llegar la financiación a las empresas.
Con relación a la regulación de los “ERTES” y la prohibición por despido objetivo, esta Confederación destaca la gran inseguridad y el escaso margen de actuación que se deja a las empresas. Es un error limitar la duración de los expedientes de regulación de empleo a la finalización del Estado de Alarma. La reactivación económica no será rápida. Las empresas necesitarán un tiempo, desde la finalización del Estado de Alarma, para ir incorporando a sus trabajadores y comenzar con su actividad.
“Parece que se quiere demonizar la figura del empresario. La empresa no quiere realizar despidos, solamente continuar con su actividad y dotarse de las adecuadas medidas de protección que garanticen su pervivencia” ha manifestado la presidenta de COEC.
Desde esta Confederación queremos reivindicar la figura del empresario. Queremos transmitir todo nuestro apoyo y ánimo a aquellos empresarios que, día a día, siguen dirigiendo su empresa, velando por sus trabajadores y, contribuyendo con su esfuerzo y sacrificio a una rápida salida de esta grave crisis. Estamos orgullosos de ellos.
“No podemos dejar desamparados a todos estos empresarios. El Gobierno de España debe adoptar medidas urgentes en defensa y apoyo de la empresa. No vamos a permitir que se dañe la reputación de los empresarios. Estamos asumiendo todo el coste económico de esta crisis, sin un plan de protección para la empresa.” ha concluido Ana Correa.
