Las principales asociaciones de comerciantes de España han alertado de sus dificultades para afrontar los gastos corrientes durante la pandemia, especialmente los alquileres de locales, lo que en su opinión provocará el cierre de la mitad de empresas y cientos de miles de empleos destruidos.
Tras más de un mes de cierre forzado de los establecimientos, la Confederación Española de Comercio (CEC), la Asociación Española de Centrales de Compra (Anceco), las asociaciones de cadenas de retail, servicios y restauración Amicca, Comertia, Acotex y Eurelia y la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos, FECE, han emitido un comunicado conjunto para lanzar un grito de alarma al Gobierno Esas organizaciones representan a más de la mitad de todo el comercio del país, con 510.000 puntos de venta que generan 1,7 millones de puestos de trabajo.
El comunicado denuncia que las asociaciones se enfrentan a una situación "sin precedentes, un escenario de corte radical de ingresos" que abocará al cierre al 50% de empresas, según los sectores, y provocará la destrucción de "cientos de miles de puestos de trabajo a corto y medio plazo".
Según las asociaciones, el sector comercial tiene un peso en la economía española del 13% y es el primero en términos de empleo, con 3,2 millones de trabajadores en 2018, lo que supone el 17% del total de afiliados.
Los comerciantes reclaman una línea de subvenciones que les permita el pago de los alquileres durante el cierre obligado y exigen al Gobierno un "nuevo marco normativo" para renegociar los arrendamientos y condonar rentas.
"Es momento de introducir políticas redistributivas del perjuicio económico de forma que la situación se vuelva equitativa, poniendo sobre la mesa nuevos métodos de cálculo de los costes de arrendamiento", añaden las asociaciones, que creen que la norma debería incluir el período del estado de alarma y al menos hasta los seis meses posteriores.
Las organizaciones instan también a revisar la Ley de Arrendamientos Urbanos, que consideran obsoleta en materia de locales comerciales, así como crear un "foro de diálogo" tutelado por las administraciones que arbitre medidas encaminadas a procurar la supervivencia de las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
