El Ministerio de Hacienda ha cifrado en 3.318 millones de euros la deuda de la Región de Murcia que será asumida por el Estado, un 3,99% del total, según la propuesta planteada este lunes por el departamento que dirige María Jesús Montero y que afecta a todas las autonomías del régimen común.
En rueda de prensa, Montero ha dicho que el Estado asumirá en total 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, una medida que beneficiará a "todas" las regiones del régimen común.
Ha señalado que esta medida, que permitirá aliviar los pasivos regionales y facilitar su acceso a los mercados, se llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará el próximo miércoles.
La medida va a "beneficiar a todas las comunidades autónomas", ha insistido, "tengan o no tengan deuda con el Estado", lo que implica que el Estado asumirá en ciertos casos deuda regional con terceros. "No se penaliza a las comunidades autónomas que pudieron y quisieron salir a los mercados", ha resumido.
El Gobierno de la Región de Murcia, por su parte, considera "una ofensa y un nuevo trato de privilegio hacia Cataluña" que a 48 horas del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "pacten bajo mano" la condonación de la deuda a Cataluña, según fuentes de la administración autonómica.
La Región de Murcia rechaza además la medida aislada de condonar la deuda porque, a su juicio, "no soluciona nuestro verdadero problema, la infrafinanciación, que se resolvería con un nuevo sistema de financiación más justo y equitativo".
Se trata, añaden, de una propuesta "inaceptable para la Región de Murcia, que ahonda en la España desigual de ciudadanos de primera y segunda que Pedro Sánchez está creando y el rechazo del Gobierno de la Región de Murcia es rotundo".
Para el gobierno regional, la arbitrariedad de la propuesta de la ministra Montero queda clara cuando a la Región de Murcia "que es la peor financiada, le plantea una quita del 26% de deuda, la sexta más baja por comunidades autónomas".
La vicepresidenta ha recordado que esta iniciativa tiene origen en el acuerdo de investidura suscrito con ERC, que esta mañana ha avanzado que se condonará el 22% de la deuda de la Generalitat catalana con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que equivale a 17.104 millones de euros.
De acuerdo con el reparto de la propuesta facilitada por el Ministerio de Hacienda, el Estado, de aprobarse la iniciativa, asumiría 18.791 millones de deuda de Andalucía por 17.104 de Cataluña, 11.210 (13,47 %) de la Comunidad Valenciana y 8.644 (10,38 %) de Madrid.
Las restantes once comunidades de régimen común -Navarra y País Vasco no entran en esta iniciativa- se distribuirían el 33% restante del total.
Esta metodología consiste en tres fases, ha explicado Montero, partiendo de una primera en la que se calcula el sobreendeudamiento asumido por las regiones entre 2009 y 2013, que se cifra en 80.310 millones de euros. El 75% de ese importe se reparte en función de la población ajustada, lo que se traduce en una condonación media del 19%.
En la segunda fase se fija una condonación adicional para las regiones que quedan por debajo de ese 19%.
En la tercera se hacen dos ajustes adicionales: uno para elevar la condonación de las regiones por debajo de la media a la cifra de la región con mayor condonación por habitante ajustado (Comunidad Valenciana, 2.284 euros) y otro para ofrecer condonación adicional a las comunidades que han subido el IRPF entre 2010 y 2022 (un 10% para las que lo hayan subido por encima de la media un 5% para las que no).
Montero confía en que antes de final de año pueda entrar en vigor la ley orgánica que regulará la condonación de deuda autonómica, aunque previamente la propuesta del Ministerio de Hacienda tendrá que ser aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Después habrá reuniones bilaterales técnicas con cada comunidad autónoma previas a la aprobación de la ley orgánica en primera vuelta en el Consejo de Ministros y en segunda vuelta tras el trámite consultivo preceptivo.
El Gobierno remitirá entonces el texto al Congreso "y, a partir de ahí, deciden los grupos políticos", ha dicho Montero.
Una vez en vigor la ley, la cancelación de la deuda se irá acompasando a cada uno de los vencimientos (principal e intereses), con lo que Hacienda prevé que el proceso dure cerca de una década, que es el plazo máximo de vencimiento actual en el FLA.
