Las certificaciones de vivienda por ejecución hipotecaria, o embargos para su venta tras el impago de un crédito, se redujeron un 20,81% en el cuarto trimestre de 2022 desde el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este jueves por el Colegio de Registradores.
En total, entre octubre y diciembre se registraron 4.076 certificaciones, el cuarto menor resultado de la serie histórica, si bien aumentaron un 39,7% desde el trimestre anterior.
El 88,64% de las certificaciones correspondieron a personas físicas, máximo de la serie histórica, en tanto que las de personas jurídicas representaban el 11,36%, también mínimo histórico.
Los Registradores destacan que el 9,81% de las certificaciones de vivienda por ejecución de hipoteca del cuarto trimestre correspondieron a extranjeros, que muestran menor probabilidad de finalizar su compra de vivienda en situación de dificultades financieras que los nacionales.
Ello se explica, indica la nota, por el hecho de que los compradores extranjeros proceden en su mayoría de países con "elevados niveles de renta per cápita".
Atendiendo al total de número de certificaciones de vivienda por ejecución de hipoteca de extranjeros, las nacionalidades con mayor peso en el último trimestre han sido británicos (12,53%), marroquíes (11%), ecuatorianos (8,70%), rumanos (6,65%), ucranianos (3,58%) y colombianos (3,32%), quedando el resto de las nacionalidades con pesos por debajo del 3%.
Desglosados los datos por comunidades autónomas, en primera posición figura Andalucía (1.104), seguida de la Comunidad Valencia (840) y Cataluña (766), que conjuntamente concentran el 66,49% del total.
Los datos del Colegio de Registradores incluyen daciones en pago, que en el último trimestre del año fueron 343, mínimo histórico tras un descenso del 35,3% desde el trimestre anterior.
La Comunidad Valenciana encabeza la clasificación con 98, seguida de Andalucía (61); Cataluña (51), y Castilla y León (41); estas cuatro comunidades concentran el 73,18% del total.
El 67,15% correspondieron a personas físicas, y el 32,85% a personas jurídicas; por lo que respecta a la nacionalidad del comprador, el porcentaje de extranjeros fue del 12,79%, y de ellas, un 22,73% correspondió a ecuatorianos; un 13,64% a marroquíes; un 11,36% a rumanos, y un 9,09% a británicos.
