Los grandes operadores de transporte por carretera en España apuntan a una desaceleración de su actividad en 2024 y problemas de rentabilidad, debido el continuo aumento de los costes, que podrían verse agravadas por las consecuencias económicas derivadas de los recientes bloqueos y ataques a camiones españoles en Francia y las actuales protestas de los agricultores españoles.
Así se desprende de una encuesta realizada por la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) entre sus empresas afiliadas, de las que el 61,5% considera “negativa” la evolución económica en España en 2024 de cara al impacto en la demanda de servicios de transporte de mercancías por carretera.
Además, a las consecuencias negativas de las dos semanas de protestas de los agricultores galos, que llegaron, en muchos casos, a tirar e incluso quemar las mercancías transportadas por los camiones españoles y amenazar e intimidar a sus conductores, se suman ahora las convocadas en España por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, que ya están provocando "un auténtico caos" en nuestra red de carreteras, ha advertido la organización.
En relación a las posibles movilizaciones de algunos grupos en los próximos días, el vicepresidente ejecutivo de la asociación, Ramón Valdivia, confía en que "el Estado español, a diferencia de lo que hizo el francés, garantice la libre circulación de mercancías por todo el territorio nacional y, por supuesto, la seguridad de nuestros conductores que cada día prestan servicio a la sociedad a bordo de sus camiones".
Subida significativa de los costes
Por otro lado, la previsión "poco halagüeña" para este año se ve agravada en el terreno de la sostenibilidad económica por el continuo aumento de sus costes, especialmente los operativos, que seguirán subiendo "significativamente" este año, entre un 5 y un 10%, según la mayoría de las empresas encuestadas.
De acuerdo con el último indicador europeo de tarifas de transporte por carretera que realizan IRU, Upply y Ti, publicado la semana pasada, los costes del sector han aumentado en todos los ámbitos durante los últimos tres años: mano de obra (28,2%), mantenimiento y reparación (20,4%), neumáticos (21,6%), piezas de repuesto (13,5%) y seguros (8,7%), una base de costes inflada que añade presión al alza a las tarifas de transporte e impidiendo caídas de las mismas.
A estos costes habría que añadir también los relacionados con las cotizaciones sociales, el precio de los camiones, el coste financiero y los nuevos peajes basados en las emisiones de CO2 que países como Alemania ya han puesto en marcha desde el pasado 1 de diciembre, un sistema tarifario hasta un 83% más caro para los transportistas que el de antes, ha subrayado Valdivia.
En relación a la facturación, el 42% ve “poco probable” y “muy poco probable” que sus ganancias aumenten en 2024 respecto al pasado año, mientras que el 38% de las compañías sondeadas considera que sus ingresos crecerán “probablemente” y “muy probablemente”.
El 35% opina que la capacidad de su compañía para mejorar su margen de beneficio por servicio de transporte prestado en 2024 se contraerá respecto a 2023 (un 35% de ellos cree que alrededor de un 5%), frente a un 46 que% prevé que no variará y sólo el 7,7% confía en que sus márgenes crecerán.
Respecto de la renovación de flotas, el 46% sí planea renovarlas, pero sin aumentar el número de vehículos, mientras que al 15,4% cree que la renovará y ampliará.
En cuanto al empleo, el 73% no prevé aumentar su plantilla frente al 15,4% que lo hará (de estos, un 67% menos de un 5%; un 22%, entre un 5 y un 10%; y un 11%, entre un 10 y un 15%), en tanto que el 8% prevé reducir sus recursos humanos en 2024.
Las más de 240 grandes empresas españolas integradas en ASTIC, que cuentan, de media, con flotas de 120 vehículos pesados por organización, y facturan 41 millones de euros anuales, dan empleo a alrededor de 25.000 trabajadores.
Los problemas que más preocupan a los asociados de ASTIC son la escasez de conductores profesionales, el incremento de los costes sociales/laborales, la armonización legislativa europea y nacional, la falta de áreas de descanso y parkings seguros para camiones, la transición energética y los peajes.
La dificultad para la renovación de flotas; la hiperregulación del sector y las imposiciones legislativas que conllevan un aumento de la burocracia; la eliminación de las ayudas al gasóleo profesional, y la pérdida de competitividad de sus plantillas son otros asuntos que también inquietan a estas empresas transportistas.
