La nueva Ley de Protección al Informante, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 16 de febrero y en vigor desde el 13 de marzo, recoge que todas las empresas de más de 50 empleados, entidades públicas, organizaciones políticas y sindicales con fondos públicos van a tener que contar con un sistema interno de información o canal de denuncias en el seno de sus entidades.
Las grandes empresas, con más de 249 empleados, tienen como fecha límite el 13 de junio de 2023 para implantarlo. En esta situación se encuentran casi 120 grandes empresas en la Región de Murcia, según el Directorio Central de Empresas, con datos a 1 de enero de 2022. En paralelo, más de 600 pequeñas y medianas empresas en Murcia, que son aquellas que tiene una plantilla de entre 50 y 249 empleados, tienen de plazo para ello hasta el 1 de diciembre de 2023.
A nivel público, los ayuntamientos de los más de 30 municipios murcianos que tienen más de 10.000 habitantes deben implantar su propio canal de denuncias antes del 13 de junio. A su vez, los casi 15 ayuntamientos con una población menor de 10.000 habitantes tienen de plazo para ello hasta el 1 de diciembre de 2023.
Es una información que señala Grupo Logalty mediante una nota de prensa, compañía que ha desarrollado una tecnología propia para gestionar denuncias dentro de las organizaciones, que garantiza el anonimato, la confidencialidad y la seguridad jurídica en el proceso.
