El Gobierno regional ha denunciado que el Ministerio de Educación ha desoído la demanda de 14 comunidades autónomas, entre las que se encuentra la Región de Murcia, para suspender de forma indefinida la medida obligatoria de dar de alta en la Seguridad Social a los alumnos de Formación Profesional que realizan prácticas en empresas, “hasta que se despejen todas las dudas, inseguridad e incertidumbre jurídica que a día de hoy, y a unos días de su obligatoriedad, se mantienen”, explicó el consejero de Formación Profesional, Víctor Marín, que asistió ayer a la Conferencia de Educación, organizada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en Madrid.
Marín criticó que “el Gobierno de España ponga trabas para que los alumnos de FP realicen prácticas, una medida que claramente desincentivará la necesaria implicación y participación de las empresas en el desarrollo de la Formación Profesional”.
“No podemos consentir que se frene el avance de la Formación Profesional, poniendo dificultades a las empresas, que son pieza fundamental en el desarrollo de estas enseñanzas, y es necesario mantener el prestigio que esta formación ha logrado en los últimos años”, indicó el consejero.
El titular de Educación recordó que para paliar esta situación, que entra en vigor el 1 de enero de 2024, “el Gobierno regional se ha anticipado y ya había previsto en los presupuestos de Educación para el próximo año la cantidad de 550.000 euros para hacerse cargo del coste del alta que provoque dicha norma en los centros sostenidos con fondos públicos, y que no recaiga en las empresas”.
Marín, junto a los consejeros de Educación de 13 comunidades autónomas más, reclamó al Gobierno central garantizar la calidad formativa y titulación del alumnado en prácticas, y resaltó que “el Ministerio no ha tenido en cuenta las sugerencias de la mayoría de las comunidades autónomas y ha sido incapaz de resolver determinadas interrogantes que son imprescindibles para garantizar la titulación del alumnado de FP”.
Los consejeros de Educación propusieron también como alternativa que el Ministerio bonifique el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social para no desincentivar la participación de las empresas en las prácticas.
La obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad a todos los estudiantes de FP y universitarios que realicen prácticas, curriculares o extracurriculares, se contempla en el Real Decreto 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones.
DISPOSITIVOS MÓVILES EN LAS AULAS
El Ministerio ha convocado a los consejeros a una reunión de trabajo en enero para la búsqueda de una posición común en relación al uso de dispositivos digitales en el aula. El consejero ya anunció el pasado mes la creación en la Región de un grupo de trabajo compuesto por expertos de todos los ámbitos que conforman la realidad digital actual en el ámbito educativo, para que desde criterios técnicos, pedagógicos, psicológicos y legales que realicen recomendaciones, reglamentación y normativa en torno al uso seguro y responsable de dispositivos y aplicaciones digitales en el ámbito educativo.
Víctor Marín propuso también al Ministerio la exención, de forma extraordinaria, del Máster del Profesorado para acceder a determinadas especialidades de Formación Profesional debido a la carestía de docentes, y que se reflexione sobre el modelo educativo actual.
