El PSRM ha denunciado como presuntos autores de delitos de prevaricación, malversación y cohecho en el contrato de gestión de la televisión pública autonómica murciana (7TV) al consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, y a su antecesor, Javier Celdrán, y al director general de Informática y Transformación Digital, Javier Martínez Gilabert.
El asunto, según informa la agencia Efe, ha llegado este viernes a la Fiscalía Superior de la Región, por lo que aún no ha tenido tiempo de estudiarlo, aunque lo previsible es que acuerde la apertura de diligencias informativas, que serían encargadas a la sección Anticorrupción, han dicho a Efe fuentes de ese departamento.
El PSRM entiende que la adjudicación directa a la empresa Central Broadcaster Media, hoy CBM Servicios Audiovisuales, del contrato de gestión indirecta televisiva vulnera los principios de igualdad, transparencia y libre competencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
Y es que los responsables públicos, del gobierno de Fernando López Miras, no iniciaron el procedimiento con la antelación suficiente para que, llegada la fecha de expiración del anterior, que ya no podía prorrogarse más, estuviera dispuesto el concurso para un nuevo contratista, con lo que permitió que desde mayo de 2020 "fraudulentamente" siguiera prestando el servicio CBM, filial de Secuoya, que "se perpetúa en él directamente y sin licitación".
Lo hizo desde una primera adjudicación desde el 1 de abril de 2015 hasta el 30 de ese mes de 2017 y tras una única prórroga posible de 3 años, hasta la misma fecha de 2020.
El nuevo concurso por 77 millones se convocó el 25 de febrero de 2020, con lo que era materialmente imposible en esos dos meses de plazo culminar su tramitación administrativa por su complejidad y extensión, entiende el PSOE murciano, que recuerda que el anterior salió a contratación un año antes y que solo el plazo de presentación de ofertas es de 30 días, tras lo que debe evaluarlas un comité de expertos que asesore a la mesa de contratación.
El 3 de marzo de 2020 se declara de urgencia la tramitación y el 27 de ese mes, acogiéndose al estado de alarma por covid, de emergencia, es decir, directamente y sin procedimiento de licitación, cuando la LCSP estipula que ha de producirse para ello un acontecimiento catastrófico, una situación que suponga grave peligro o afecte a la defensa nacional, de lo que el PSOE entiende que se produce un fraude.
El consejero de Economía encarga entonces a CMB que por 1,8 millones siga en su labor del día 1 de mayo de 2020 hasta el de inicio de emisiones del adjudicatario del nuevo contrato, que se estima para antes del 30 de junio de 2020.
Sucesivamente se enlazan otros cuatro contratos de este tipo: el 27 de junio por 0,9 millones desde el 1 de julio de 2020 hasta el inicio de emisiones estimado antes del 30 de septiembre; el 24 de septiembre por la misma cantidad del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021; el 12 de marzo de 2021, desde el 1 de abril hasta el 1 de julio, y el 29 de junio pasado, del 1 de julio hasta el 1 de diciembre de 2021.
Todos suman 17,1 millones en 20 meses "dispuestos bajo la excusa de una emergencia completamente a dedo, y para mayor gravedad, con vínculos más que cuestionables entre responsables políticos y de la adjudicataria", dado que el director general de CBM, Antonio Peñarrubia, es esposo de la secretaria general de Presidencia, Mar Moreno.
El PSRM aventura que "con casi toda probabilidad, el 1 de diciembre no estará adjudicado el nuevo contrato y el fraude continuará".
Destaca que la argumentación para pasar del procedimiento de urgencia al de emergencia fue que con el estado de alarma las empresas podrían tener dificultades para elaborar sus ofertas con la calidad requerida, lo que conculcaría los principios de igualdad, transparencia y libre competencia de la LCSP, por lo que suspende el plazo para su presentación, y es esto precisamente lo que el PSOE considera que los cercena.
Todas las órdenes se remitieron a ese argumento, pese a que en la última ya no había estado de alarma, que acabó el 9 de mayo.
También razonó que no seguir con las emisiones "conlleva un grave peligro, ya que interrumpiría un servicio público que en pandemia es el principal medio por el que muchos de los ciudadanos acceden a una información local, veraz y actualizada, como ha ocurrido en anteriores emergencias", a lo que el PSOE apostilla que la población podía dirigirse a otros muchos medios.
"Lo que ampara la normativa de emergencia es una situación administrativa inmediata, absolutamente necesaria para evitar o remediar en lo posible las consecuencias del suceso en cuestión, y no es el caso que nos ocupa", concluye el escrito del PSRM a la Fiscalía.
