El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha aprobado este martes la distribución de 10.102.645 euros a la Región de Murcia, procedentes de los fondos del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Sociedades del año 2021 para subvencionar actividades de interés social, lo que supone un incremento del 5% respecto a los fondos recibidos en 2022.
La inversión total para las comunidades y ciudades autónomas beneficiarias asciende a 295.300.789 euros, un 14,41% más respecto al reparto del año anterior. Se trata en este año 2023 del 80% del total de los fondos recaudados del 0,7%. Este porcentaje se alcanza por primera vez, tras el acuerdo en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y el SAAD del 18 de junio de 2021, por el que se estableció que el tramo estatal se iría reduciendo progresivamente en favor del autonómico hasta alcanzar la proporción 20-80 en este año.
A esta distribución autonómica se suman las ayudas del tramo estatal, que elevan la inversión definitiva del año 2021 a 369.125.986 euros, lo que supone un aumento del 13,41% de los fondos a distribuir este 2023 con respecto al año anterior.
Este incremento se debe en parte gracias a la progresiva recuperación de la actividad económica tras la crisis derivada de la pandemia en el año 2020, puesto que hay que tener en cuenta que el montante a distribuir se corresponde con la recaudación del ejercicio fiscal dos años anterior al presente.
Las subvenciones objeto de las convocatorias autonómicas irán destinadas a cubrir las necesidades específicas de asistencia social dirigidas a la atención de las personas en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad competencia de las comunidades y ciudades autónomas.
El reparto de fondos de esta convocatoria se ha realizado de acuerdo a lo pactado entre el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades y ciudades autónomas en el Consejo Territorial el pasado mes de junio de 2021, que, entre otros criterios, garantizó a todas las autonomías un aumento mínimo del 5% con respecto a los fondos percibidos en el año 2022.
