La nueva Ley de Protección al Informante, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 16 de febrero y en vigor desde el 13 de marzo, recoge que todas las empresas de más de 50 empleados, entidades públicas, organizaciones políticas y sindicales con fondos públicos van a tener que contar con un sistema interno de información o canal de denuncias en el seno de sus entidades.
A partir de este viernes 1 de diciembre, se expira la segunda fase de implantación, por lo que esta ley afectará a 602 pymes y 14 ayuntamiento de la Región, según Grupo Logalty con datos del Directorio Central de Empresas.
En el conjunto nacional serán casi 20.000 pequeñas y medianas empresas con una plantilla de entre 50 y 249 empleados. Del mismo modo, en la administración local, los ayuntamientos de los más de 7.350 municipios españoles que tienen menos de 10.000 habitantes también deben implantar su propio canal de denuncias antes del 1 de diciembre.
Por su parte, en una primera fase hasta el 13 de junio de 2023, casi 5.000 grandes empresas con más de 249 empleados, así como 750 ayuntamientos de municipios de toda España con más de 10.000 habitantes, se vieron obligadas a implantar un canal de denuncias propio.
