La Comunidad de Regantes Arco Sur Mar Menor, de Cabo de Palos (Cartagena, Murcia), ha reclamado una indemnización de 3,7 millones de euros a la Comunidad Autónoma por la mala calidad de las aguas recibidas de la estación depuradora, que influye en sus cultivos.
La demanda ha sido sometida al preceptivo informe del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que se ha pronunciado en contra de su estimación al declarar que se no ha probado la existencia de la relación de causalidad entre el daño por el que reclaman y el funcionamiento de los servicios públicos, necesaria para que surja la responsabilidad patrimonial de la administración.
El dictamen, indica que los regantes reclamaron aquella indemnización al responsabilidad a la administración regional de los perjuicios sufridos por lo que consideran una gestión deficiente de los vertidos al dominio público de los efluentes de la depuradora de Cabo de Palos.
Y expusieron que la Comunidad Autónoma conocía desde años atrás las dificultades del uso agrícola de esas aguas por su exceso de sales, que atribuyeron al mal estado de la red de saneamiento de poblaciones como Los Urrutias, El Algar, Los Nietos, Playa Honda, La Manga del Mar Menor y Cabo de Palos, entre otras.
Señala ese órgano consultivo de la administración que la Comunidad de Regantes Arco Sur Mar Menor es concesionaria de un volumen de 4,8 millones de metros cúbicos anuales de aguas residuales depuradas procedentes de la EDAR Mar Menor Sur Cabo de Palos para el riego de algo más de 1.500 hectáreas.
El agua tiene una alta concentración de sales, por lo que necesitan ser sometidas a un proceso de desalación por ósmosis inversa, lo que se lleva a cabo con la planta desaladora construida por aquella Comunidad de Regantes, que obtuvo su declaración de impacto ambiental en 2005.
Al año siguiente recibieron autorización de vertido al mar, que se vino realizando a través de un emisario submarino que funciona como aliviadero de la EDAR y que se encuentra cedido al ayuntamiento de Cartagena.
La concesión de vertido se aprobó por cuatro años, transcurridos los cuales, no fue renovada al no presentar los beneficiarios el estudio emitido por una entidad de calidad ambiental que acreditara que las condiciones de la autorización no se habían alterado de forma sustancial.
Además, en 2017, el órgano ambiental de la administración regional les comunicó que se habían alterado aquellas condiciones de vertido al haberse observado que el agua contenía nitratos, nitritos, plaguicidas y metales pesados, además de haberse aumentado el volumen permitido, por lo que en 2020 se ordenó su cese.
Comenta el CJRM que, por ello, las instalaciones de desalación quedaron inactivas, para concluir que los perjuicios que alegan los demandantes por la orden de cese de vertidos son debidos únicamente a ellos, “al colocarse voluntariamente en situación irregular al incumplir las condiciones establecidas, por lo que deben soportar el daño”.
