Este lunes se celebró en el Ministerio de Agricultura una reunión con los consejeros autonómicos con competencias en pesca, así como en agricultura y desarrollo rural.
PESCA Y ACUICULTURA
En el encuentro, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, le exigió al ministro Luis Planas soluciones para la pesca de arrastre tras los recortes aprobados por Europa, "para que el sector no termine hundiéndose".
“El recorte aprobado para 2024 confirma el fin de la sostenibilidad económica de este sector. Por eso le he trasladado al ministro la necesidad de comenzar a hablar de paralizaciones definitivas, tal y como nos demanda los pescadores”, aseguró Rubira.
La consejera defendió la necesidad de darles a los pescadores “una salida digna”. Con el recorte aprobado se llega al 40% en las limitaciones para faenar con este tipo de artes en el Mediterráneo. Lo que deja a los pescadores con apenas 130 días de trabajo al año.
Otra de las demandas que el Gobierno Regional le ha hecho al Ministerio tiene que ver con la equivalencia entre sanciones contempladas en el reglamento de pesca ilegal, no documentada y no reglamentada, y la ley de Pesca.
“Hay casos que por la subjetividad de la interpretación producen un daño tremendo al sector pesquero y creemos que no son justas. Por eso, solicitamos el Ministerio de Agricultura que coordine con las organizaciones del sector pesquero y comunidades autónomas esta revisión de sanciones de ambos marcos normativos, con sentido común, y así evitar estas situaciones”, defendió Rubira.
Por otro lado, el sector acuícola regional es capaz de producir más de 19 toneladas de pescado al año por las que facturan más de 216 millones de euros. Además, desde la Comunidad se apuesta por el sector como fundamental para que la alimentación, no sólo de los españoles, también de los europeos, no dependa de las capturas que se realicen en terceros países.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) se prepara un Real Decreto que limita que las granjas de acuicultura nuevas, y las que tienen que renovar concesiones, se tengan que situar a una distancia mínima de 2.500 metros del límite inferior de pradera de posidonia oceánica. “Le he pedido al ministro Planas que defienda a la acuicultura y que impulse una mesa de trabajo específica con el Ministerio de Transición Ecológica, organizaciones y comunidades autónomas para revisar esta propuesta normativa que está sobre la mesa de la señora Ribera”, aseguró la titular de Agricultura y Pesca.
Además, la consejera defendió la bajada del IVA del pescado, “para incentivar el consumo interno que ha caído un 7,9% en el último año”.
En el transcurso de la reunión celebrada en Madrid, Rubira reiteró al ministro Planas la urgencia de convocar una Conferencia Sectorial donde abordar “de manera reglada y estructurada” los problemas del sector pesquero y agrario, “a la vez que adoptar decisiones y compromisos para ayudar a los profesionales del campo y del mar”.
“No podemos comprender como el señor Planas tiene tiempo para convocarnos a todos hoy y pedirnos una foto, pero no tiene tiempo para convocar al máximo órgano consultivo entre el Gobierno de España y las comunidades, por lo que exigimos una convocatoria urgente donde podamos trasladar las necesidades de los sectores a los que representamos”, culminó diciendo la consejera.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
El Ejecutivo regional pidió igualmente al Gobierno de España, ya que también se pusieron sobre la mesa cuestiones relacionadas con la agricultura y el desarrollo rural, una armonización de la legislación y la reducción de la carga administrativa a la que se enfrentan los agricultores y ganaderos, dado que “en los últimos años se han aprobado, publicado y entrado en vigor muchas normativas que afectan directamente al sector agrario”.
Rubira pidió “que se lleven a cabo las modificaciones normativas necesarias para ajustar las entradas en vigor de las obligaciones a ese calendario real de cumplimiento, porque de lo contrario estaremos abocando a los profesionales a abandonar el campo”.
Por otro lado, en relación a la Política Agraria Común, “es necesario que el Ministerio establezca la máxima flexibilización posible en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) debido a la sequía que seguimos sufriendo en toda España, y más aún en la zona del sureste español”. Igualmente pidió que en la próxima modificación del PEPAC “se incorporen ajustes a los diseñados actualmente, adaptándolos a la realidad climatológica, así como un nuevo ecorregimen que recoja la singularidad climática del sureste español”.
Otro de los asuntos destacados por la consejera fue la grave situación hídrica a la que se enfrentan los agricultores y ganaderos, especialmente los del Levante. En esta línea, la consejera pidió al ministro Planas “que interceda por los agricultores y ganaderos para que el Gobierno de España no termine con el Trasvase Tajo-Segura”, y añadió que “dado que su compañera Teresa Ribera no nos sabe decir cómo vamos a paliar los 400 hm3 de déficit que tendremos en 2027, espero que nos ayude a clarificarlo o que se convierta en aliado del campo frente al sectarismo de la vicepresidenta”.
Igualmente, solicitó la convocatoria de nuevas ayudas para compensar los daños por la sequía para atender a los sectores que no las percibieron anteriormente, y “que corrija la injusticia sufrida en el cultivo de almendro de secano, porque en la convocatoria de julio se dejó fuera a los agricultores de frutales de la Región de Murcia y los del almendro del secano percibieron menos que los de provincias limítrofes”.
Durante la reunión, Sara Rubira planteó otros asuntos “que preocupan a nuestros agricultores y ganaderos, y que necesitan respuesta por parte del Gobierno de España”, como la reforma del seguro agrario, por lo que pidió “una mesa de trabajo con el sector, ENESA y Agroseguro para abordar un nuevo modelo de seguro que cubra los efectos del cambio climático en la actividad agraria”.
La consejera reiteró la necesidad de incrementar la coordinación y los fondos destinados a cubrir gastos derivados de episodios de Emergencia Sanitaria Animal, dado que “actualmente las comunidades autónomas estamos enfrentándonos a enfermedades de animales que en muchos casos derivan en una Emergencia Nacional, para las que necesitamos medios si queremos evitar daños mayores”.
Demandó la necesidad de avanzar en el diseño de una ley de agricultura familiar, que dote de ayudas a nivel nacional, para garantizar el relevo generacional en el campo e incrementar la competitividad y rentabilidad de las explotaciones familiares.
Finalmente, Rubira pidió “reforzar los acuerdos comerciales con terceros países para proteger de verdad a nuestros agricultores y ganaderos de competencias desleales”. Asimismo, instó a solicitar a la Unión Europea “la aplicación de cláusulas espejo que garanticen que la producción agraria
