El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha subrayado este lunes que la información que está obteniendo sobre la movilidad cotidiana de los residentes en España a través de sus teléfonos móviles no se acoge a la legislación sobre datos personales, porque son solo recuentos en los que se excluyen los inferiores a diez personas.
El subdirector general de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE), Antonio Argüeso, ha explicado en una rueda de prensa en el Ministerio de Economía y Empresa que esa información "no está ni siquiera en el terreno de los datos personales".
El INE ha contratado con las tres mayores operadores de telefonía (Movistar, Orange y Vodafone) la obtención del recuento de líneas de móviles que hay en cada una de las 3.220 celdas en las que se ha dividido el territorio español en unos determinados momentos del año, con el desecho de todas las cantidades inferiores a diez.
Por ese motivo, Argüeso ha considerado que los datos no es que necesiten ser anonimizados para cumplir con las leyes sobre protección de datos personales, sino que ni siquiera son datos personales, sino meros recuentos estadísticos.
Los momentos elegidos han sido los pasados 20 de julio y 15 de agosto (para conocer la movilidad veraniega); desde este lunes al próximo jueves en horarios nocturno y diurno (para conocer cifras de residencia y de movilidad laboral o rutinaria); este domingo, día 24; y el 25 de diciembre próximo.
El único dato que las operadoras ofrecen al INE es el del número de móviles que se encuentra en cada celda en esos instantes seleccionados, por lo que se puede conocer cuánta gente vive en cada distrito y cuánta trabaja, estudia, veranea o pada la navidad en cada uno, sin conocer sus recorridos.
El INE publicará los datos que les sirvan los tres operadores a principios de 2020, una vez que finalice el día de Navidad la recogida de información.
Argüeso ha destacado que la obtención de información mediante las operadoras de telecomunicaciones es "el futuro de la estadística pública".
De hecho, según ha dicho, todos los países europeos tienen proyectos similares, y si bien este que se está realizando en 2019 en España no es el primero, pues ya ha habido otros en Estonia y Países Bajos, sí es el más completo hasta la fecha.
La alternativa a un proyecto como este hubiera sido realizar cientos de miles de encuestas para obtener cantidades estadísticas suficientes de cada una de las 3.220 celdas, lo que hubiera supuesto un coste para el INE de un mínimo de 10 millones de euros, así como mucho más tiempo para la recogida y el tratamiento de los datos, ha apuntado Argüeso.
En cambio, los contratos con las tres operadoras en conjunto no supera el medio millón de euros, alrededor de 150.000 euros cada uno.
