La presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz, ha pedido en Santander una mayor autonomía en la gestión y todo lo que ello conlleva, es decir, contratar personal proporcional al crecimiento del sector, mayores inversiones, etc. Además, los puertos podrían modificar las tasas, reducir los mínimos exigibles de tráficos y actividad y conceder aplazamientos.
Esta petición de Muñoz la ha realizado en un encuentro de presidentes de autoridades portuarias, directivos y el Puertos del Estado, a donde la ha acompañado el director general, Fermín Rol. En estas jornadas se ha debatido y revisado el nuevo Marco Estratégico por parte de las autoridades portuarias de cara a su aprobación definitiva el próximo otoño.
Para Muñoz, “esta apuesta por la autonomía ayudará a una mejor adaptación de las condiciones de cada puerto y a una búsqueda más exhaustiva de sus necesidades para poder sacar el máximo partido a las infraestructuras. Somos el puerto más rentable y debe reflejarse en una mayor inversión que redundará en el crecimiento del Puerto, Cartagena y la Región”.
“Es prioritario que el Marco Estratégico vaya acompasado de la modificación legislativa posible y necesaria para adaptarse a la motorización y digitalización del tráfico marítimo como motor de impulso económico de la Región de Murcia en nuestro caso, pero que también es motor en las regiones que tienen tráficos portuarios” subrayó la presidenta.
El Marco Estratégico, que servirá de base para dirigir la política portuaria en los próximos 10 años, se divide en tres dimensiones, económica, ambiental y social; siete criterios de actuación, eficiencia, conectividad, digitalización, innovación, sostenibilidad, seguridad y transparencia; y dieciséis líneas estratégicas. Estas líneas de desglosan en cincuenta y seis objetivos generales de gestiones con las acciones previstas, los resultados que se espera obtener, los objetivos a alcanzar y el calendario fijado para cada una de ellas. Tal y como se acordó en la anterior reunión celebrada en Palma el pasado año, uno de los puntos más importantes tratados es acerca de la necesidad de actuar con acierto y precisión a la hora de proceder a la rebaja de las tasas portuarias que contempla el borrador con una reducción media de tasas entorno al 30%.
Los empresarios del sector portuario han aportado a este nuevo marco asuntos como la eliminación de tarifas máximas para los prestadores de servicios; la mayor presencia de los operadores portuarios privados en los órganos de gobierno de las autoridades portuarias o el establecimiento de procesos participativos, considerando las aportaciones de los operadores privados, para la toma de decisión de las inversiones públicas portuarias.
El actual régimen de aplicación de las tasas no es lo suficientemente flexible como para permitir aligerar la presión impositiva sobre los clientes portuarios de manera selectiva, sin alterar equilibrios en el seno del sistema portuario, ni descapitalizar a las autoridades portuarias, las cuales han de conservar su capacidad para hacer frente a posibles nuevos ciclos como ha ocurrido durante la crisis ocasionada por el coronavirus.
Debido a la baja actividad marítima en los puertos españoles, provocado por el COVID19, Puertos del Estado ha decidido realizar una revisión de los ingresos del sistema portuario estatal. Con esto quieren ayudar al sector a superar la crisis económica en la que se han sumergido por la pandemia.
