Entre los años 1995 y 2020, según el informe del Banco de España, se han creado 206.777 nuevas normas, (en torno al 70,00% del total de la Normativa corresponde a las CCAA), e indica que un 10,00% de nueva regulación se relaciona con una caída relativa del 0,50% en el número de empleados para las empresas de menos de 10 trabajadores.
El mapa recoge el porcentaje de normativa por Comunidades autónomas, en color azul el porcentaje de población sobre el total nacional y en color rojo el porcentaje que representan la media anual de leyes que han entrado en vigor, durante este periodo, sobre el total nacional, lo que nos permite constatar las diferencias existentes entre las Comunidades autónomas. La Región de Murcia con el 3,18% de la población española, la normativa aprobada representa el 5,17% del total nacional, lo que la ha situado por debajo de la media nacional del 5,88%.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, el pasado 12 de septiembre, en la sede del Consejo General de Economistas, indicaba una realidad que está afectando directamente al desarrollo de la actividad empresarial, “tenemos 17 Comunidades autónomas con normativas diferentes”.
Para facilitar y avanzar en el desarrollo de la actividad empresarial, vamos a proponer desde el Gobierno la creación de la Comunidad autónoma REGIMEN 20, una región virtual para reducir la burocracia, y para concretarlo vamos a convocar una Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el clima de Negocios, con el propósito de acordar con las Autonomías y Ayuntamientos una serie de "requisitos mínimos comunes para que una empresa que los cumpla pueda trabajar en cualquier comunidad autónoma sin tener que atender requerimientos distintos entre unas y otras.
Manifestaba que lo que se pretende es establecer un marco común de reglas mínimas que permita a las empresas operar en cualquier comunidad autónoma o municipio, a cuentas de reducir burocracia y simplificar la obtención de licencias y permisos. De esta forma, los interesados se “saltarían” las diferentes normativas locales que actualmente dificultan el funcionamiento. El cuadro nos permite analizar los porcentajes de leyes en media anual que se han publicado desde 1995 y el porcentaje de población en 2020.
El exceso regulatorio y la fragmentación de mercado es recurrente, por el impacto que tiene sobre la seguridad regulatoria, lo que conlleva un efecto negativo sobre la tasa de empleo y sobre el valor añadido, cada aumento del índice de la complejidad de regulación adicional se asocia con una caída del 0,70% de la cuota de empleo a escala sectorial, a la vez que las tasas de inversión disminuyen como respuesta al aumento de regulación. Problemas que ya anticipaba la Comisión Europea en su informe sobre España en el año 2019, y advertía que el exceso de normativa perjudica el desarrollo de la economía.
Entre las principales dificultades que condicionan la capacidad de desarrollo de la economía española se encuentra, el exceso de burocracia y fragmentación del mercado nacional a causa de la profusión de normativa autonómica, conlleva un sobrecoste para el tejido productivo de entorno al 2,50% según un informe realizado por el Departamento de Estudios de la CEOE, lo que desincentiva la inversión a la vez que se crean barreras de entrada, junto al constante incremento de Impuestos, y que ahora con la pretensión de hacer fijo el impuesto a la banca y a las energéticas ha hecho saltar las alarmas de la inversión extranjera en España (ABC 27 octubre 2024), conlleva a un menor desarrollo, como confirma la curva de Láffer.
El diario ABC recogía el 10 de octubre de 2024, que “el Ministro Cuerpo reconoce que un tercio del PIB está lastrado por la maraña legislativa”. La documentación que el Ministerio de Economía entregó a las Comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias, en la reunión de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, recoge que “el problema de la sobrerregulación afecta de forma singular a un conjunto de sectores que suponen el 36,00% de la economía española, afectando a 1.930.000 empresas y en torno a 9.750.000 trabajadores”.
Indicando que el Ministerio ha detectado que estas empresas registran un menor inversión, una productividad inferior y una asignación peor de los recursos a la del reto de la económica, y en consecuencia se puede y debe impulsar la inversión y la productividad, a través de la armonización y la reducción drástica de la burocracia, una necesidad que la CEOE viene reclamando de manera reiterada.
En algún momento, mejor hoy que mañana, los grandes partidos políticos y singularmente sus Líderes nacionales y sus equipos, deberían asumir que el enfrentamiento solo conlleva a una mayor debilidad, y por tanto a que todos perdamos. Es necesario que se antepongan los interés generales a cualquier otro, y que se sienten a negociar, al margen de las diferencias ideológicas y o situaciones puntuales, un compromiso cierto por la recuperación real de la renta de los españoles, que como todos sabemos España ha retrocedido 19 puntos en la convergencia en el PIB por habitante en Paridad de Poder de Compra (PPA) con la media de la Unión Europea entre el año 2007 y el 2022.
Recuperar su fortaleza pasada solo será posible a través del Diálogo, la Negociación y finalmente el Acuerdo, y hacer realidad las reformas Estructurales que la economía española precisa, para impulsar y conseguir un mayor desarrollo social y económico, en el que la empresa se conforma como el motor fundamental para hacerlo realidad.
