Cadenas de hoteles, agencias de viaje y fabricantes de alimentos y bebidas comienzan a sumarse a los trámites iniciados por más de 2.000 hosteleros para reclamar daños y perjuicios por el impacto en su actividad de las restricciones aprobadas por el Gobierno en el marco de la pandemia.
Así lo ha avanzado este lunes el socio del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo Diego Solana, quien ha señalado que hay "nuevos sectores afectados que se están incorporando" a estas reclamaciones.
Por el momento, el despacho aglutina a más de 2.000 hosteleros -según sus cálculos- y ha iniciado los trámites para presentar demandas en el Tribunal Supremo.
El procedimiento exige presentar previamente las quejas por la vía administrativa ante el Ejecutivo, un "primer paso" en palabras de Solana que ya están acometiendo.
El despacho ha organizado una jornada dentro de la feria de Hospitality Innovation Planet (HIP), que ha comenzado este lunes en Ifema (Madrid), centrada en el derecho de los hosteleros en el ámbito legal a ser indemnizados.
Los juristas recuerdan que en la Ley Orgánica 4/1981, que regula la aprobación del estado de alarma, se recoge de forma explícita que "quienes como consecuencia de la aplicación de actos adoptados (en esa situación) sufran daños o perjuicios, tendrán derecho a ser indemnizados". No obstante, el socio de Cremades & Calvo-Sotelo ha precisado que esta cláusula "nunca ha sido aplicada hasta el momento" y el citado punto no está desarrollado a través de un reglamento.
"Ya estamos asesorando a hoteles, apartamentos turísticos, pequeño comercio, locales de ocio, agencias de viaje, casas rurales e incluso proveedores de restaurantes que se vieron perjudicados", ha detallado.
Solana ha incidido en que la legislación permite al Ejecutivo restringir derechos como la libertad de empresa en casos como el ocurrido por la covid-19, pero también le obliga a pagar indemnizaciones por ello.
"Seguimos adelante con las reclamaciones y esperamos que se sumen más empresas de nuevos sectores. La hostelería sólo ha sido el primero", ha recalcado.
El letrado ha explicado que ya se están produciendo "acercamientos no oficiales" por parte del Gobierno y que si existiera voluntad política y disponibilidad de fondos sería factible llegar a un acuerdo para evitar la judicialización del caso.
