Banco Sabadell ha acordado trasladar su sede social a Alicante, ante la posibilidad de que el Parlament de Cataluña haga una declaración unilateral de independencia, y CaixaBank celebrará un consejo de administración extraordinario para debatir una decisión en el mismo sentido, que podría provocar que fijase su sede social en Palma.
Para facilitar la salida a las compañías ante la incertidumbre en Cataluña, el Gobierno aprobará un decreto ley que permitirá a las empresas acordar el cambio de sede social sin someter la decisión a la junta de accionistas, lo que aceleraría el trámite a las entidades que así lo dispongan, entre ellas CaixaBank.
La inquietud e inseguridad jurídica que ha provocado la deriva soberanista en Cataluña ha llevado a algunas importantes empresas a mover ficha y a cambiar la ubicación de su sede fiscal para garantizar que seguirán estando bajo el paraguas de la Unión Europea en caso de que el Parlamento catalán declare la secesión.
Este es el caso de Banco Sabadell, el quinto mayor banco de España, que en una decisión sin precedentes ha reunido a su consejo de administración en sesión extraordinaria para dar luz verde al cambio de domicilio fiscal de Sabadell (Barcelona) a Alicante.
Esta decisión garantizará que la entidad siga estando bajo el paraguas regulatorio del Banco Central Europeo (BCE) en caso de secesión, garantizando así los intereses de accionistas, clientes y empleados dentro de cualquier escenario.
Este traslado tendrá efectos inmediatos, ya que los estatutos del banco que preside Josep Oliu establecen que se requiere únicamente la decisión del consejo para hacer efectivo el cambio, sin pasar por la junta de accionistas.
Fuentes de la entidad han explicado que "en la práctica todo seguirá igual", ya que el banco mantendrá sus servicios centrales en Cataluña, aunque los impuestos los pagará en Alicante.
La nueva sede estará ubicada en la avenida Óscar Esplá, número 37, donde el Sabadell ya tiene un edificio corporativo. Alicante, de hecho, es uno de sus principales centros operativos de Banco Sabadell fuera de Cataluña y donde se ubicaba la sede de la antigua CAM, que el grupo adquirió en subasta en 2011.
El Sabadell ha sufrido especialmente en bolsa estos días, especialmente desde el referéndum ilegalizado del pasado domingo, y este jueves, tras conocerse su intención de llevarse la sede fuera de Cataluña, su cotización se ha disparado en los mercados con una subida del 6,16%.
LA CAIXA, RUMBO A PALMA. CaixaBank, la entidad líder en Cataluña y uno de los tres grandes bancos españoles, junto a Santander y BBVA, podría seguir los pasos del Sabadell y sacar su sede social fuera de Cataluña.
El grupo que preside Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar ha convocado un consejo de administración extraordinario para debatir esta decisión, que en el caso de CaixaBank, según sus actuales estatutos, requeriría de la aprobación de la junta de accionistas.
Entre las ubicaciones que se barajan para que el banco catalán ubique su domicilio social y pague allí el impuesto de sociedades, entre otros tributos, ha cobrado fuerza en las últimas horas la opción de Baleares, según varias informaciones periodísticas.
Un portavoz oficial de CaixaBank ha afirmado que la entidad adoptará las "decisiones necesarias, en el momento oportuno, siempre con el objetivo de hacer prevalecer los intereses de los clientes, accionistas y empleados".
Pero Banco Sabadell y CaixaBank no son las únicas empresas catalanas que se llevarán sus sedes fuera de Cataluña.
Así lo han anunciado esta misma semana empresas como la biotecnológica Oryzon y la firma de telecomunicaciones Eurona, ambas cotizadas, o Proclinic, especializada en la distribución de material odontológico.
Otras importantes compañías, como Pronovias o Planeta, amenazaron hace tiempo con irse de Cataluña si se declaraba la independencia, y la aseguradora Catalana Occidente o las familias propietarias de las farmacéuticas Almirall e Indukern han expresado su preocupación por este eventual escenario.
De hecho, las organizaciones patronales catalanas han reconocido que hay empresas que tienen planes B ante una eventual declaración unilateral de independencia y que han abierto segundas delegaciones fuera de Cataluña o que incluso han separado una parte del negocio, creando otra compañía con sede en otro punto.
