Una vez superada la investidura de Pedro Sánchez como presidente de un Gobierno de coalición con Unidas Podemos, el Ejecutivo tiene que garantizarse los votos para los Presupuestos Generales de 2020, claves para que la Legislatura siga adelante.
Así, la primera tarea del nuevo Gobierno será dar cuenta del límite de gasto no financiero o techo de gasto para 2020, base para la elaboración de las cuentas públicas, y al que acompañarán los objetivos de déficit y deuda pública para los próximos años, que tendrán que ser votados en las Cortes.
La nueva senda de déficit acompañará a los Presupuestos del próximo año y fuentes de Hacienda señalan que la enviada a Bruselas será previsiblemente modificada al alza para hacerla más flexible, ya que estaba vinculada a unos presupuestos prorrogados.
> LOS NOMBRES QUE YA SE CONOCEN DEL NUEVO GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ
El Gobierno ve factible cerrar 2019 con un déficit público del 2% del producto interior bruto (PIB), aunque se hace más difícil cumplir con el 1,1% para 2020 y con el 0,4% para 2021 que marca Bruselas.
De hecho dos de las medidas que pretende poner en marcha el nuevo Ejecutivo de forma inmediata -subir las pensiones el 0,9% y el 2% el salario de los funcionarios- tendrían un impacto de entre 4.800 y 6.000 M€ e incrementarían el déficit pactado.
Y es que, pese a que el déficit nominal está encarrilado, Bruselas hace hincapié en el déficit estructural donde España tiene que acometer un ajuste del 0,65% del PIB, unos 7.600 M€, este año y el próximo.
Así el primer debate presupuestario en el Pleno del Congreso se antoja complicado. Tanto el PP, como Ciudadanos o Vox no son partidarios de relajar las metas de déficit ni de aumentar el gasto público.
Para aprobar la nueva senda fiscal, el PSOE tendrá que recabar, al menos, los apoyos de la investidura de Sánchez. Y negociarlos no solo en el Congreso, sino también en el Senado, ya que los socialistas perdieron la mayoría absoluta que habían logrado en la Cámara Alta, tras los comicios del 28 de abril, en las últimas elecciones generales.
El PSOE no logró cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar el veto que pone el Senado a los objetivos de déficit y que impide que el debate vuelva al Congreso en caso de ser rechazados en la Cámara Alta.
Si finalmente es superado el trámite del techo de gasto y la ratificación de los nuevos objetivos, al Ejecutivo le tocará presentar el anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2020 para poder iniciar un trámite que suele prolongarse tres meses y que podría durar hasta finales de marzo o principios de abril, fecha en la que el Gobierno debe mandar a Bruselas su Plan de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas.
El primer debate presupuestario a superar en el Pleno de Congreso será el de las enmiendas a la totalidad, que abrirá la verdadera fase negociadora de las cuentas (la de las enmiendas parciales) sobre todo con los partidos regionalistas.
El PNV urgirá cumplir con los compromisos adquiridos en los Presupuestos de 2018 -como por ejemplo avanzar en la Y vasca o en inversiones industriales-. Ya en el acuerdo de investidura firmado con Sánchez señala la "urgente, firme y decidida" necesidad del Tren de Alta Velocidad (TAV).
El BNG pedirá mejoras en infraestructuras y el Partido Regionalista Cántabro centrará sus premisas en el AVE o en la financiación del hospital de Valdecilla y el polígono de La Pasiega.
Compromís también ha arrancado al Gobierno compensaciones económicas para Valencia mientras no se defina un nuevo sistema de financiación en el plazo de ocho meses así como un compromiso firme con la dependencia, al tiempo que ha firmado aumentar inversiones en aeropuertos y puertos.
El partido que lidera Íñigo Errejón exigirá "valentía" para aprobar medidas que regulen los precios abusivos de los alquileres en las ciudades o incrementos fiscales a las grandes fortunas, mientras que las formaciones canarias instarán a mejorar su régimen especial fiscal y a aumentar las inversiones en infraestructuras.
La aprobación definitiva de los Presupuestos requiere de mayoría simple, salvo que sean vetados por el Senado y deba levantarse el impedimento con mayoría absoluta (o simple en el plazo de dos meses).
Sólo los votos del PSOE, Unidas Podemos y ERC suman 168 escaños, mientras que si se añaden los del PNV aumentarían a 174, a lo que se podrían sumar los apoyos regionalistas que votaron a favor de la investidura.
