Los empresarios de la Región de Murcia, con la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) como organización más representativa, expresan su repulsa ante una forma de hacer política que antepone intereses partidistas y personales a los generales, que pertenecen a todos los ciudadanos.
El reciente anuncio de los pactos alcanzados por el presidente de Gobierno en funciones para asegurar apoyos de cara a la próxima sesión de investidura es buena muestra de ello. Con el agravante de que incumple las más elementales normas de la convivencia que consagra la Constitución Española. No se ha respetado la separación de poderes, deslegitimando al judicial. A cambio, se ha legitimado a un prófugo de la Justicia como interlocutor. Y se ha dado un trato privilegiado a determinados territorios en detrimento de otros.
El agravio comparativo entre regiones está alcanzando cotas inadmisibles. Se ahonda la diferencia, convertida en algunos casos en abismo, entre comunidades autónomas. Al grave problema de infrafinanciación que sufre la Región de Murcia, se une su déficit histórico en materia hidrológica y de infraestructuras, sólo corregidos en parte y mal. No se ha atendido nunca la petición para alcanzar grandes acuerdos nacionales entre los partidos constitucionalistas de España y corregir así esos desequilibrios.
Parte importante del problema de la deuda que padece la Región tiene que ver con una capacidad más limitada para financiarse.
Además, y también por la primacía del interés personal sobre el general, en la España de 2023 la mesa del diálogo social parece no existir. Se alcanzan acuerdos de parte por decreto, sin vincularlos al deseable debate entre Gobierno y agentes sociales. Esto ha provocado la subida del SMI sin contar con el empresariado o la revisión de la jornada laboral, también pactada fuera de la citada mesa. Es una forma de hacer política profundamente antidemocrática.
Finalmente, los empresarios de la Región de Murcia consideran gravísimo aplicar una amnistía a personas condenadas por delitos contra el Estado, lo que supone dinamitar la separación de poderes y establecer baremos distintos entre la ciudadanía, en el más reprobable ejercicio de irresponsabilidad por parte de un Gobierno.
Los españoles dijeron alto y claro el pasado 23 de julio cuál era su deseo. Otorgaron su confianza a los habituales partidos mayoritarios, no a formaciones nacionalistas y separatistas que quieren amenazan la unidad de España y de mercado.
