El Gobierno ha plasmado en un real decreto-ley su oferta a los perjudicados por el recorte a las renovables que introdujo el Ejecutivo del PP en 2013, que afectó a 64.000 plantas y que generó contra España un reguero de reclamaciones en tribunales y cortes de arbitraje internacionales que suman 10.000 millones de euros.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto-ley para dar certidumbre al marco retributivo de las energías renovables e impulsar una transición energética justa, que recupera la solución que el Ejecutivo socialista ya avanzó en un anteproyecto de ley que no vio la luz con la disolución de las Cortes por las sucesivas convocatorias electorales.
Para compensar a los afectados por el recorte, el Ejecutivo ofrece en este real decreto-ley, en el que se actualiza la rentabilidad razonable a las instalaciones renovables, cogeneración y residuos en el nuevo periodo regulatorio 2020-2025, la opción de mantener la retribución actualmente vigente, del 7,398 % o del 7,503 %, en función del tipo de instalación, hasta 2031, siempre que renuncien a sus reclamaciones o a las compensaciones que hayan obtenido.
De esta manera, los que tengan reconocido el derecho a percibir una indemnización como consecuencia de una sentencia firme o un laudo arbitral definitivo, o tengan abiertos procesos arbitrales o judiciales en curso, deben acreditar su renunciar fehaciente a percibir la compensación, continuación o reinicio de los procesos.
En caso de no acogerse a esta opción, a las instalaciones se les aplicará la retribución que el Gobierno ha fijado, con carácter general, para el periodo 2020-2025, que es de un 7,09 %, y que se volverá a revisar para el periodo 2026-2031, revisión que no sufrirán los que se acojan a esta opción del Gobierno.
La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que, con este real decreto-ley, se pretende recuperar la confianza de "los que se sintieron traicionados" cuando en 2013 se les cambiaron las premisas de rentabilidad y retribución, después de haber hecho sus cálculos de inversión asociados a esas premisas.
Ribera ha recordado que están abiertos 45 procesos contra el Reino de España, cuyas reclamaciones suman un montante de casi 10.000 millones de euros.
En diez casos, tribunales y cortes han dado la razón a reclamantes que pedían 1.700 millones de euros al Reino de España, aunque sólo les han reconocido 821 millones, que no han sido abonados por el Estado español, que ha presentado procedimientos de rectificación en esos arbitrajes presentados por inversores internacionales.
Además, la ministra en funciones ha justificado la necesidad del real decreto-ley en la proximidad de la fecha en que tenía que entrar en vigor la nueva retribución, el 1 de enero de 2020.
De no aprobarse con rango de ley el nuevo valor de rentabilidad razonable se crearía una incertidumbre, al no estar claro si tendría que seguir en vigor la actual o revisarla de acuerdo al anterior criterio que fijó el Gobierno del PP (el bono del Tesoro a diez años más 300 puntos básicos), que hubiera dejado la retribución en torno a un 4,5 %.
El real decreto-ley, que ahora tendrá que convalidar el Parlamento, pero que cuenta con un amplio consenso de las fuerzas políticas, según ha indicado la ministra, ha sido acogido con satisfacción por las principales asociaciones del sector renovable.
La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha señalado que el real decreto-ley es "un gran paso para eliminar la incertidumbre regulatoria" y "volver a la senda de la racionalidad", al tiempo que ha recordado que los "sucesivos recortes" han supuesto una reducción de la retribución del 30 % y han provocado un "aluvión de demandas" contra el Gobierno.
Para la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la nueva norma "supone una medida importante para afianzar la seguridad jurídica" y "una base fundamental para construir la confianza de los inversores".
La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) también cree que da estabilidad a los inversores en instalaciones fotovoltaicas, que "acumulaban diez años de agresivos recortes retroactivos", y evitará que se expongan a un recorte adicional de la retribución del 20 % a partir del 1 de enero.
