Más de la mitad de la población española desconoce que existen ayudas públicas con las que podrían financiar parte de las obras de rehabilitación energética de sus viviendas, entre ellas casi 7.000 millones de euros de fondos europeos.
De hecho, según la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), más de seis de cada diez ciudadanos (el 61%) no tiene idea de que podrían pedir fondos que les ayuden con las obras de rehabilitación de sus pisos para que sean más eficientes energéticamente.
"Están los 6.850 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con los fondos europeos Next Generation, pero no se han dado a conocer lo suficiente", explica la responsable de proyectos de CECU, Paz Serra.
En este sentido, Serra argumenta que no sólo el parque español de viviendas está envejecido, sino también la población; y pide hacer un esfuerzo para favorecer que la información sobre ayudas para impulsar la rehabilitación de viviendas llegue y sea comprensible también para las personas mayores.
Una vez que la información llega a los posibles interesados, otro problema que impide que las ayudas se usen "siempre es la necesidad de adelantar la inversión", algo que "es una barrera para que los consumidores con menos recursos".
En este sentido, Serra destaca la iniciativa de Extremadura de establecer un sistema de avales públicos para adelantar la inversión inicial de consumidores vulnerables.
Junto con la falta de información, desde la CECU apuntan a que las ayudas no terminan llegando a la población porque ésta normalmente rehabilita sus casas para modernizarlas o para hacerlas más accesibles, pero no piensa tanto en convertirlas en más eficientes energéticamente.
Sin embargo, la Unión Europea establece que a partir de 2030 todas las viviendas han de contar con al menos una "E" de calificación energética (lo que indica que su consumo de energía no supera el 110% de la media) y que tres años más tarde tendrán que haber pasado a "D" (no supera el 100%).
Según la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac), el 82% de las viviendas españolas tienen una clasificación de "E" o peor.
Ello es consecuencia directa de que, según datos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), más de la mitad de los edificios residenciales se construyeron antes de 1980, cuando entró en vigor de la primera normativa reguladora de las condiciones térmicas de los edificios.
Concretamente, 5,5 millones de edificios residenciales y unos 9,7 millones de viviendas principales son previos a ese año.
Sin embargo, en 2019 únicamente se rehabilitaron 25.554 viviendas, según sus datos, y en 2022 fueron 34.525 viviendas, un 35% más, según el CSCAE.
En medio, durante el periodo de la pandemia (2020-2021), Andimac detectó un repunte de las reformas (ya que la gente se vio obligada a pasar más tiempo en casa), para luego caer un 1,4% en 2022 y previsiblemente cerca de un 3% en 2023.
En cualquier caso, estas cifras están lejos de las 300.000 o 350.000 viviendas que sería preciso rehabilitar cada año para lograr la descarbonización del sector en 2050, tal y como se ha comprometido a hacer España para cumplir con los Acuerdos de París.
Los fondos europeos previstos para la rehabilitación energética de viviendas en España permitirán acometer más de medio millón de intervenciones hasta 2026, lo que supondría una media de 71.000 viviendas anuales (más del doble de las que se realizan).
Para acceder a esas ayudas europeas se ha de presentar un certificado de eficiencia energética redactado por un arquitecto antes de iniciar los trámites de la rehabilitación y otro nuevo al finalizar la reforma, con el objetivo de demostrar que se ha efectuado la mejora de eficiencia energética.
Los recursos están dirigidos a las residencias habituales, en alquiler o en expectativa de alquiler y se pueden financiar obras como cambios de ventanas, aislamientos térmicos de la vivienda o instalación de suministro de energías renovables y de autoconsumo.
Para las comunidades de vecinos existen también ayudas dedicadas a mejoras como la reparación de estructura, aislamiento térmico, instalación de ascensor o reparación y control de humedades.
Las ayudas no sólo cubren los costes de las obras, también los costes de la elaboración del proyecto e informes, o de la gestión de las propias ayudas.
El Colegio de Arquitectos recuerda que las obras de renovación energética de viviendas y edificios tributan al tipo reducido del 10% y que existen diversas deducciones fiscales vinculadas a este tipo de rehabilitaciones, al tiempo que el importe de las ayudas directas recibidas no hay que declararlo.
Entre las deducciones fiscales previstas se establece por ejemplo que para reformas en viviendas existe una deducción del 20% de los pagos (hasta un máximo de mil euros) si con las obras se reduce la demanda o necesidad de calefacción y refrigeración de la vivienda en, al menos, un 7%.
También es posible acceder a la deducción del 40% de los pagos (un máximo 3.000 euros) si con las obras se reduce el consumo de energía de la vivienda en, al menos, un 30% o se mejora el certificado energético a clase "A" o "B".
En relación a la reforma en edificios de propietarios existe una deducción del 60% de los pagos (un máximo 9.000 €) si con las obras alcanzan los mismos resultados que los necesarios para la deducción del 40% en reformas de viviendas.
Para acceder a las deducciones los pagos deberán realizarse mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, y nunca en efectivo.
