El Gobierno regional ha duplicado en los últimos ocho meses las ayudas concedidas para el pago de los recibos de los suministros básicos y del alquiler de viviendas a las familias vulnerables, pasando de 2.397 ayudas en diciembre a las 4.397 subvenciones concedidas en agosto.
En un comunicado, el ejecutivo autonómico ha señalado que ha destinado un total de 9 millones de euros a estas ayudas, que gestiona en colaboración con ocho ONG (Cáritas, Cruz Roja, Cepaim, Columbares, Jesús Abandonado, Accem, La Huertecica y Red Madre).
También participan los ayuntamientos que, a través de sus Servicios Sociales y los centros de atención especializada para mujeres víctimas de violencia (CAVI), determinan la situación de especial dificultad de las familias.
Para poder acceder a las ayudas, las personas se han de dirigir a los servicios sociales municipales o a las ONG, que valoran la situación de cada familia para establecer la duración y cuantía de las ayudas, en base a sus necesidades y situación económica.
Se materializan a través del pago de la renta o alquiler, así como de los suministros básicos de la vivienda (agua, luz y gas), con un máximo de 650 euros mensuales por familia.
Las familias beneficiarias son aquellas que han visto agravada su situación por los efectos de la crisis actual o tienen muchas dificultades para acceder a un hogar: personas especialmente vulnerables, sin hogar, víctimas de violencia doméstica y en riesgo de perder su único hogar por un desahucio.
Se da prioridad a las situaciones más urgentes, especialmente aquellas en las que las familias o víctimas de violencia machista no puedan afrontar el pago del alquiler de su vivienda o que estén en riesgo de perder su único hogar por un desahucio.
Desde que se inició la crisis provocada por el Covid-19, la Comunidad Autónoma ha garantizado que 4.397 familias hayan podido permanecer en sus viviendas durante la crisis económica, mediante el pago de 6,7 millones de ayudas directas de emergencia social para el alquiler y para los suministros básicos de sus viviendas.
Se trata de una de las líneas de actuación de la estrategia del Gobierno regional en materia hogar, con el fin de evitar desahucios y proporcionar el acceso inmediato a una vivienda a familias en riesgo de vulnerabilidad sobrevenida ante el impacto de la crisis.
