El decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid, y el Presidente del TSJ, Miguel Pascual del Riquelme han presentado el Instituto de Mediación de Economistas de la Región de Murcia que comienza su actividad con vocación de mitigar con acuerdos extrajudiciales la presión en los juzgados de las jurisdicciones civil y mercantil, especialmente -sin descartar otras áreas-.
El Colegio ha puesto en marcha también una web https://
El decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid, situó el origen de este nuevo instrumento en la gran crisis de 2008: “Al principio, lo que llamamos el Instituto de Mediación Hipotecaria, y contamos con la participación de la consejería de Fomento, el ayuntamiento de Murcia y con ONGs como Cáritas que nos derivaban toda la situación trágica de algunas familias vulnerables. En aquel momento, empezamos a trabajar con los compañeros que habían desarrollado su carrera profesional en la banca y que sabían cómo abordar cada caso para suavizar los efectos al máximo. Ahora se abre el espectro a nuevos escenarios como el relevo generacional de las empresas familiares, y otros tipos de conflictos que pueden resolverse sin litigio procesal”.
El presidente del TSJ, Miguel Pascual del Riquelme, ha asegurado que esta herramienta es muy relevante y entra dentro de los mecanismos adecuados para la resolución de conflictos, como marca la nueva Ley de Eficiencia (LO 1/2025), y que pone a disposición de la sociedad el Colegio de Economistas.
Lo que sea aminorar “aguas arriba” los procedimientos judiciales, antes de interponer una demanda y llegar a los tribunales ordinarios, supondrá un beneficio para todos como demuestran los estudios estadísticos de los que se dispone sobre mediación, arbitraje y conciliación, que aseguran el aminoramiento de casos constatados en otros países de nuestro entorno con medidas similares.
El presidente del TSJ dio un dato revelador: la provisión de fondos de las empresas del Ibex cada año para afrontar las reclamaciones judiciales asciende a 12.000 millones de euros. Esta cifra pone de manifiesto el peso brutal de la litigiosidad que se judicializa, sobre todo en los ámbitos civil y mercantil. Se puede calificar de litigiosidad desbocada.
Larga experiencia desde la crisis financiera de 2008
El economista y experto mediador, Miguel Regino, como precursor del Instituto, ha comentado los orígenes de esta iniciativa durante la gran crisis financiera, cuando desde el Colegio se actuó ante la situación horrible que vivían muchas familias afectadas por el desamparo total.
Se respondió a la necesidad de ayudar a familias vulnerables en trámites de desahucio, embargos, exclusión social, etc. para poder llegar a acuerdos con entidades financieras con un mismo lenguaje que permitiese mitigar el quebranto de muchas personas que no sabían cómo actuar. Las entidades financieras también recibieron la iniciativa con interés porque, si bien los impagos eran numerosos, la negociación con los clientes era mejor a medio y largo plazo.
Como explica Miguel Regino, el Instituto de Mediación es el principio para que esta estrategia sea una manera de resolver conflictos sin pasar por el juzgado, y con el coste mínimo de un mediador, mucho más económico que cualquier otro procedimiento, y con menos incertidumbre emocional para las personas.
Normativa de obligado cumplimiento
La nueva Ley de Eficiencia (Ley Orgánica 1/2025), que entrará en vigor el 3 de abril, establece que la mediación será un paso previo obligatorio a las demandas en 2025.
A partir de este momento, para interponer una demanda será necesario adjuntar un certificado que acredite que se ha intentado resolver el conflicto mediante un MASC (Método Alternativo de Resolución de Conflictos) antes de iniciar el procedimiento judicial.
Esta medida está alineada con las tendencias internacionales adoptadas por países, como el Reino Unido o Francia, donde los MASC han demostrado ser efectivos para mejorar la eficiencia judicial.
