El anteproyecto de ley de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020 incluirá una disposición final que plantea modificar la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, “con el objetivo de racionalizar la estructura administrativa”, según avanzó este lunes el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras.
En concreto, y según explicó el presidente, “se trata de un sistema de supervisión continua de los entes públicos, comprobando si persisten los motivos por los que en su día se justificó su creación, si siguen siendo sostenibles financieramente y si son el medio más idóneo para conseguir sus fines y no existe ningún tipo de duplicidad”.
Así, todas las entidades del sector público dependientes de la Comunidad Autónoma estarán sujetas desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua de la Consejería de Hacienda, que la ejercerá a través de la Intervención General.
Este control lo anunció el presidente durante la inauguración de la jornada ‘Transparencia, Ética e Integridad en las Administraciones Públicas’, donde además, puso de manifiesto que “la integridad de las administraciones es una realidad incuestionable, que debe ser protegida a toda costa”, y enfatizó que “hoy los ciudadanos han perdido, en buena medida, su confianza en las instituciones, y aunque hace ya tiempo que están en marcha medidas que evitarán que nadie puede volver a cuestionar el buen funcionamiento de éstas, es necesario ir aún más allá”.
“Debemos dar cuantos pasos sean necesarios para reforzar los controles, pero también para dar visibilidad a las actuaciones que se han puesto en marcha”, remarcó López Miras, quien apuntó a la importancia de “incentivar la participación de todos para ser ejemplares y, además, procurar que todos lo sean con nosotros”. Así, ratificó “el compromiso irrenunciable” del Gobierno regional “con la transparencia, la ética y la integridad”.
“La transparencia y el buen hacer son hoy más que una obligación, es la única forma de trabajo que entendemos”. Además, destacó que “ha llegado el momento de difundir y de promover esta nueva naturaleza de la administración, sirviendo de referente a quienes aún no han dado todos los pasos que la sociedad demanda”. Al respecto, enfatizó, “hoy la Comunidad Autónoma está muy por encima de otras instituciones, a las que invito a adoptar las medidas que nosotros tenemos ya en marcha”.
En este sentido, puso como ejemplo el sistema de integridad institucional y el código de conducta de los altos cargos, aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 27 de febrero de 2019. “Un acuerdo que seguía el esquema de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el desarrollo de los Marcos de Integridad Institucionales, en la medida en que este sistema no debe sólo incluir Códigos Éticos o de Conducta”
