Fundación Ingenio exige para el Campo de Cartagena la misma cooperación entre Administraciones que la exhibida esta semana en Andalucía con el anuncio de una solución pactada entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, entes locales y regantes para el entorno de Doñana, a fin de dar una salida a los agricultores que tienen explotaciones de regadío.
Si bien el origen de los problemas de degradación de la laguna de Doñana y del Mar Menor son radicalmente diferentes y no se pueden comparar, “lo que cuenta es la voluntad política de conducir la situación sin pasar por encima de los agricultores, sino teniendo en cuenta su realidad”.
En Doñana, el acuífero estaba sobreexplotado por dos razones: la situación de alegalidad (que no ilegal) en el que se encuentran varios cientos de hectáreas de regadío de la llamada Corona Norte y, sobre todo, por el consumo masivo de agua dulce de este acuífero por parte de Matalascañas, una población turística de playa en el borde mismo del parque que en verano llega a albergar más de 100.000 habitantes. Matalascañas ha crecido sin control estos últimos lustros gracias a la manga ancha de la Junta del PSOE. El acuerdo, en definitiva, se centra en la solución más fácil: los agricultores. En resumen, se ofrece a los que tienen sus explotaciones en la Corona Norte 100.000 euros por cada hectárea de regadío para que las “renaturalicen” o reforesten. Los que no quieran hacerlo, deberán convertir sus regadíos en cultivos llamados ecológicos con algún tipo de ayuda.
En el Campo de Cartagena, por el contrario, toda la carga de la culpa recae sobre los agricultores, haciéndoles responsables únicos de la degradación del Mar Menor merced a una ley impuesta sin negociar y que vulnera derechos constitucionales fundamentales, como el de la propiedad privada y la actividad económica. FI lleva años reclamando una negociación leal, seria, que incluya problemas tan palmarios con las aguas residuales de origen urbano mal depuradas o la obsoleta red de saneamiento, una negociación sin apriorismos que facilite una solución global a la situación del Mar Menor.
El contraste entre Doñana y el Campo de Cartagena es hiriente:
1. La ley del Mar Menor prohíbe cualquier tipo de cultivo a menos de 500 metros del frente costero. No se ha indemnizado a los agricultores que legalmente tienen tierras en esa zona por obligarles a abandonar su uso.
2. La ley Mar Menor exige la creación de espacios forestales a cargo de los agricultores. En Doñana se subvencionan con cien mil euros la hectárea.
3. La creación del cinturón verde en el Mar Menor supondrá la expropiación de suelo agrícola a un precio estimado de diez mil euros la hectárea. En Andalucía, diez veces más, y el agricultor conserva además la titularidad de la tierra.
4. La ley del Mar Menor exige la conversión a agricultura ecológica en parte de su territorio a cargo del agricultor y en Andalucía se subvenciona la conversión.
AGUAS RESIDUALES Y LA OBSOLETA RED DE SANEAMIENTO
FI se pregunta: “¿Por qué el equilibrio entre actividades económicas en el entorno de Doñana es primado con dinero público y en la Región de Murcia se eliminan, sin pagar ni un solo euro?”. La Fundación recuerda que las medidas impuestas al sector agrícola en Murcia, injustas por los avances del conocimiento que confirman al vertido de aguas residuales y al mal estado de la red de saneamiento como los principales causantes de la degradación de la laguna salada, son pagadas por los propios agricultores, mientas que en Doñana son subvencionadas con el dinero de todos.
En este contexto, FI considera que “es acuerdo en Doñana es una oportunidad para que se produzca un giro drástico en la gestión del Mar Menor, donde gane la laguna y el resto de operadores que desarrollan su actividad de una manera armónica y en equilibrio con él”. Y añade: “Situaciones diferentes como la de Doñana y el Mar Menor requieren de soluciones distintas, pero marcadas por la responsabilidad, el interés general y la aplicación de los nuevos los avances científico-técnicos”.
No obstante, la Fundación quiere hacer una reflexión de fondo: “Desde el máximo respeto al acuerdo de Doñana, en el que los distintos operadores han manifestado su respaldo, es necesario poner sobre la mesa que la estrategia de eliminar el regadío y su potencial productivo (el campo produce alimentos) a cambio de dinero público puede convertirse en una estrategia errónea con graves consecuencias para todos los ciudadanos a medio plazo, ya que se cambia economía productiva y riqueza por terrenos fértiles convertidos en una suerte de jardines privados, además de no resolver la situación ambiental que se quiere revertir”.
