El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, advirtió este lunes de que en la defensa del trasvase Tajo-Segura “nadie va a conseguir doblegarnos, sea quien sea y esté donde esté”. Así, avisó de que “plantaremos cara a quienes atacan” esta infraestructura.
López Miras realizó estas declaraciones durante la recepción en San Esteban al presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, y su junta rectora, con motivo del 46 aniversario del trasvase. Este lunes, 31 de marzo, se cumplen 46 años de la llegada de las primeras aguas desde la cabecera del Tajo, en el embalse de Entrepeñas y Buendía, al embalse del Talave, en la cuenca del Segura.
“Ante decisiones unilaterales como el recorte del Tajo-Segura en Consejo de Ministros, o ante el nuevo recorte que llegaría con el cambio de las reglas de explotación del trasvase, nos vamos a oponer. Porque no es justo, porque va en contra del proyecto común de España y porque son decisiones que no están sustentadas por ningún criterio técnico ni científico”, explicó el presidente.
Así, el máximo responsable autonómico reafirmó el compromiso de su Gobierno con esta obra hidráulica “fundamental” que trajo “el agua de la vida” a la Región de Murcia y al Levante: “Vamos a defender siempre el trasvase, porque nos asiste la razón”, declaró, al tiempo que insistió en que “su continuidad no puede estar a merced de la voluntad del político de turno. No se puede jugar con el futuro de 2,5 millones de ciudadanos”, en referencia a la población que se beneficia del trasvase en el sureste.
López Miras también puso en valor el papel de los regantes a lo largo de estas más de cuatro décadas de existencia del Tajo-Segura: “Cada uno de esos 46 años que hoy celebramos ha sido una página que no hubiéramos podido escribir sin el trabajo, la constancia y el empuje de los regantes”. En este sentido, añadió que “de la mano del trasvase ha venido riqueza, prosperidad, crecimiento económico y empleo. Además, ha sido y es un cortafuegos para frenar la desertización que nos amenaza”.
Pacto Nacional del Agua
Asimismo, el jefe del Ejecutivo regional subrayó la “necesidad urgente” de alcanzar “nuevos acuerdos” en materia hídrica, “dejando atrás los enfrentamientos y recuperando el espíritu de consenso, colaboración y entendimiento”. De esta forma, resaltó que “los españoles de hoy, y sobre todo los de mañana, merecen que seamos capaces de proponer y ratificar entre todos un Pacto Nacional del Agua y un nuevo Plan Hidrológico Nacional, sin más objetivo que un uso racional del agua”.
En este sentido, López Miras insistió en la necesidad de garantizar el agua como un derecho compartido entre territorios: “El agua no entiende de fronteras, de límites, de Estatutos o de instituciones”.
Por ello, reclamó “conservar y mejorar las infraestructuras existentes y también construir otras nuevas”. En una nueva referencia al Tajo-Segura, afirmó que “España no puede permitirse que se sigan cuestionando infraestructuras esenciales para la vida de millones de personas”.
“En los últimos meses son muchos los que desgraciadamente han descubierto algo que venimos defendiendo desde siempre en la Región de Murcia: la urgente necesidad de invertir en nuevas infraestructuras para que el agua llegue donde se la necesita y para evitar catástrofes”, agregó.
Durante su intervención, López Miras también destacó el valor simbólico del trasvase para la Región: “El Tajo-Segura llegó tres años antes que el Estatuto de Autonomía” y “es el trabajo de los regantes el que ha construido la historia de nuestra Región”.
Principales datos del trasvase
El trasvase Tajo-Segura mantiene 147.000 hectáreas de regadíos en el Levante, riega 55 millones de árboles frutales y cítricos, da empleo a más de 105.000 personas, y abastece a 2,5 millones de habitantes.
La nueva planificación hidrológica del Tajo aprobada por el Gobierno de España contempla el incremento de los caudales ecológicos en el tramo de Aranjuez, lo que conllevaría la reducción de un 50 por ciento de los aportes del Tajo al Segura. Esto supondría dejar de trasvasar 100 hectómetros cúbicos anuales al Levante.
Este recorte generaría la pérdida de 25.000 empleos, 20.000 hectáreas de cultivos, 122 millones de euros al año a nivel de producción y 800 millones de euros del PIB anual de la Región de Murcia.
