Más de 200 agricultores del Campo de Cartagena han presentado una reclamación colectiva por la inconstitucionalidad de la Ley de Recuperación y Protección Mar Menor por considerar que prohíbe los usos agrícolas en esta comarca y "atenta" contra los derechos constitucionales como la libertad de empresa y la de propiedad.
En un comunicado, Santiago González-Varas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, autor del informe jurídico para los agricultores y asesor de la Fundación Ingenio, ha señalado que esta norma "desnaturaliza" la agricultura y la hace "irreconocible".
Para González-Varas, se pueden admitir usos restrictivos, pero no se puede producir una "ablación" de los usos agrícolas esenciales cuando hay soluciones que permiten compatibilizar agricultura y el ecosistema del Mar Menor, quien ha asegurado que la norma aprobada en 2020 en la Asamblea Regional produce la "impracticabilidad sin más de los derechos agrícolas conforme a un común entendimiento".
La abogada de los agricultores, Inmaculada de la Fuente, ha indicado en su escrito que en la ley se obliga a las explotaciones agrícolas, sin el derecho de aprovechamiento de aguas, a transformar el suelo agrícola en forestal, lo que, en su opinión, carece de equilibrio y es "desproporcional" al posible incumplimiento de la norma.
En ese sentido, ambos jurídicos han reclamado a la comunidad usos agrícolas "normales" que prohíbe la ley, anunciando la letrada que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia tendrá que elevar cuestión de inconstitucionalidad de la ley o habrá una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de Luxemburgo. "No hay otra".
Además, la defensa de los agricultores ha asegurado que los fundamentos jurídicos de esta reclamación se apoyan en la doctrina del Tribunal Constitucional, al tiempo que se ha hecho un "gran esfuerzo" por basar las peticiones en la sentencia del TC que desestimó el recurso de inconstitucionalidad de esta ley realizado por Vox, siguiendo los parámetros de "necesidad e idoneidad" de ese fallo.
La Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor amplía de 500 a 1.500 metros la franja de restricción de uso de fertilizantes en torno a la laguna y obliga a la restitución de regadíos ilegales, además de reducir de 5 a 3 años el plazo para aprobar el plan de ordenación territorial.
La norma salió adelante con el voto favorable de PP, Ciudadanos y PSOE (Podemos y Vox han votado en contra), que durante el trabajo parlamentario en comisión ya habían consensuado en torno al 90 % de las más de cien enmiendas que se han incorporado al texto original, el decreto de Protección Integral del Mar Menor aprobado en diciembre de 2019.
