La Fiscalía de la Región de Murcia presentará una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa contra la consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno murciano por no cumplir el requerimiento que le hizo hace ahora un año para que actuara contra diez empresas contaminantes del Mar Menor y les exigiera la reparación de los daños causados.
En el seno de la Fiscalía, según ha sabido Efe, ha producido un gran malestar la respuesta dada por la consejería a dicho requerimiento, ya que el pasado febrero, según se ha sabido ahora, contestó que no era competente para asumir esa función, ya que la misma correspondía a la administración central y, en concreto, a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
En el requerimiento hecho por el ministerio público a través de un expediente gubernativo se instó a la administración medioambiental a exigir tanto a las personas físicas como jurídicas que aparecieran como contaminadoras de la laguna salada por los vertidos de desalobradoras ilegales la restauración de los espacios degradados.
En su comunicación, la Fiscalía indicaba a la administración regional que no debía descartar la ejecución forzosa de la reparación de los daños si los afectados no accedían de forma voluntaria a realizar los trabajos debidos en defensa del medio ambiente.
Así mismo, dejaba abierta la puerta a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para conseguir que se cumpliera el requerimiento.
En la respuesta dada por la consejería diez meses después de recibir el requerimiento se indica que los servicios jurídicos de la misma han concluido que el órgano competente para exigir las responsabilidades a las que se refería el fiscal es la CHS.
