Profesionales de distintos ámbitos relacionados con el mercado inmobiliario han criticado este martes la ley de vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros, norma según ellos innecesaria que reducirá la oferta y podría elevar los precios del alquiler en vez de rebajarlos.
La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ve "innecesaria e injustificada" la norma, y recuerda que en otros piases donde se han puesto en marcha medidas similares no sólo no ha logrado bajar los precios sino que éstos han subido. “Tenemos en España un ejemplo muy cercano como es Cataluña, que desde septiembre de 2020 en que se intervinieron los precios de los alquileres, estos han subido más que en otras comunidades autónomas", advierte José Ramón Zurdo en nombre de la citada agencia. Además, la ley "ataca la libertad de los arrendadores y va a reducir la oferta, con lo que los precios subirán o se mantendrán altos, o se desplazará la oferta hacia otras zonas donde los precios no estén limitados (zonas no tensionadas)", añade.
La firma de abogados Abencys Carlos Grande apunta a "una posible restricción a la libertad de empresa constitucionalmente protegida que, además, desincentivará a los inversores en aquellas comunidades autónomas que la apliquen". Abencys prevé "falta de incentivos y el aumento de dificultades para inversores y propietarios dentro del sector inmobiliario", lo que podría ahuyentar a posibles inversores, además de hacer peligrar la permanencia de los ya existentes.
El presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, considera que la ley se ha hecho "de espaldas a inquilinos, arrendadores y jueces", y recuerda que "ninguna limitación de precios del alquiler aplicada hasta ahora ha beneficiado a los inquilinos, sino que por el contrario, ha reducido la oferta y su calidad", añade. Carroza explica que "las reglas para definir una zona tensionada y la propia intervención de los precios está poco definida, es inconcreta y genera incertidumbre en el mercado".
La patronal madrileña de Intermediación Inmobiliaria AMADEI coincide en su análisis con el informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la inseguridad jurídica que provocan algunos de los conceptos de la ley de vivienda. "No tiene ningún sentido meter con calzador una ley abocada a ser carne de tribunales, pues ya el propio CGPJ avanza su ilegalidad y algún partido, como el PP, ha anunciado que la llevará al Tribunal Constitucional", afirma el secretario general de AMADEI, Jesús Manuel Martínez Caja.
En el mismo sentido, el portal inmobiliario Fotocasa destaca que la ley "es intervencionista, genera inseguridad jurídica y carece de incentivos suficientes". La norma ha pasado por alto la opinión del sector, lamenta Fotocasa, así como ha dejado sin abordar los dos ejes fundamentales que intervienen en el mercado del alquiler, que son ofrecer seguridad a los propietarios y proteger a los colectivos vulnerables.
La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) tampoco respalda la ley, que en su opinión supondrá una reducción de la oferta y limitará la inversión, además de constituir una discriminación legal de aquellos propietarios que tienen 10 o más inmuebles en alquiler. Esto implica, en la práctica, una "segregación de derechos para estos propietarios y una arbitrariedad legislativa contraria a la Constitución Española".
