Desde la crisis de 2008 el sector bancario español ha vivido una profunda transformación que ha supuesto el cierre de más de la mitad de sus oficinas y la salida de más de una tercera parte de su plantilla, mientras el uso de la tarjeta se dispara y las retiradas de efectivo han caído con fuerza.
Así se desprende del cruce de datos oficiales recopilados por el Banco de España correspondientes a los ejercicios 2007 y 2021, y que reflejan cambios de calado en el sector bancario nacional.
La crisis inmobiliaria de 2008 supuso "un punto de inflexión", según se recuerda en el último informe anual de la Asociación Española de Banca (AEB), en el que se habla de una "gigantesca transformación" que está todavía hoy "lejos de haber concluido".
Según sus estimaciones, el fenómeno es común a toda la Unión Europea, donde el número de oficinas bancarias ha disminuido un 40% y el de empleados ha bajado otro 30%, porcentajes en ambos casos inferiores a los de España. Tendencia que se repite en cuanto a la cifra de entidades financieras, que en este período se redujo en un 36%, hasta las 228 firmas, después de un intenso proceso de concentración.
El ahora expresidente de la patronal AEB, José María Roldán, incidía en la última memoria anual de la entidad en que el sector está "prácticamente irreconocible" después de estos 15 años, con la creciente digitalización como uno de los factores clave para entender esta transición.
En este contexto se enmarca no sólo la inversión de las entidades tradicionales por la banca digital, sino también la aparición por ejemplo de los llamados 'neobancos', que operan exclusivamente por internet y no cuentan con sucursales (como la alemana N26 o la británica Revolut).
Entre los cambios más significativos desde la crisis de 2008 destaca la reducción de la red de oficinas bancarias, con casi 26.400 sucursales menos: se ha pasado de superar los 45.000 establecimientos a rondar los 19.000, lo que supone un recorte del 58%. Por provincias existen notables diferencias en términos proporcionales: en un extremo se sitúan Tarragona, Barcelona y Girona, las tres catalanas y con caídas superiores al 70%, mientras que en el contrario se encuentran Cuenca (24%), Badajoz (32%), Teruel (32%), Ciudad Real (33%), Albacete (34%), Jaén (38%) y Toledo (39%). También por encima de la media en cuanto a cierre de oficinas se colocan Castellón (65% menos de sucursales), Valencia (64%), Palencia (64%), Ourense (63%), Valladolid (62%), Madrid (62%), Alicante (62%), Salamanca (61%), Pontevedra (61%) y Lleida (61%).
En paralelo se observa un descenso abrupto del personal empleado por la banca, sector que daba trabajo a más de 277.000 personas al cierre de 2007 y a finales de 2020 -último dato disponible- ocupaba a 179.000, lo que equivale a una reducción de casi 100.000 trabajadores, un 36% menos.
El número de cajeros desplegados por todo el país también ha 'adelgazado': de superar las 60.000 unidades a contar actualmente con cerca de 47.600, un 21% por debajo de la cifra que se registraba antes de la crisis inmobiliaria.
En esta misma línea, las operaciones de retirada de efectivo han bajado un 35% durante este período, hasta moverse en torno a los 652,8 millones de movimientos anuales de este tipo. El dato está directamente relacionado con el crecimiento vertiginoso de las operaciones con tarjeta, que se han triplicado desde 2008, hasta sumar 6.100 millones de compras; las estadísticas revelan que fue precisamente el último ejercicio cuando se registró un repunte más pronunciado, ya que a la reactivación del consumo post-covid se sumó haber adquirido el hábito durante la pandemia.
En cuanto a las cantidades, los españoles sacaron 111.000 M€ en efectivo durante el último año (muy cerca de los 114.000 millones de 2007), mientras que el gasto con tarjeta más que se duplicó hasta sobrepasar los 195.000 millones. En un país con 47 millones de habitantes, el número de tarjetas (de crédito y de débito) ascendió en 2021 a 88 millones, un 17% más que en 2007.
La digitalización del sector -y de muchos de los trámites habituales- ha generado descontento en algunas capas de la población, especialmente en el colectivo de personas mayores, un asunto que fue ganando notoriedad mediática y política hasta desembocar el pasado mes de febrero en la firma de un acuerdo por parte de los bancos para garantizar la inclusión financiera y la atención personalizada.
El cierre de oficinas que conlleva el fenómeno preocupa también en el ámbito rural, y recientemente el Senado instó al Gobierno a exigir la instalación de más cajeros automáticos en la llamada "España vaciada", ya que algunas estimaciones apuntan a que más de 1.200 municipios ya no disponen de sucursal bancaria física.
