La consejería de Fomento e Infraestructuras facilita que un total de 421 familias se hayan convertido en propietarias de la vivienda social donde han residido durante los últimos diez y 25 años. Las cesiones de estos hogares permiten garantizar el derecho a una vivienda a los colectivos sociales en situación de vulnerabilidad como son los pensionistas, personas desempleadas de larga duración y personas con discapacidad.
El consejero Jorge García Montoro hizo balance de esta iniciativa tras la firma de las 18 últimas escrituras de cesión de viviendas llevada a cabo la semana pasada ubicadas en los municipios de Blanca, Cartagena, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Ceutí, Fortuna, Mazarrón, Santomera y Torre Pacheco.
“Al adquirir la propiedad garantizamos la permanencia de la familia en la vivienda, que pasa a ser titular de pleno derecho de su hogar y cesa en el pago de una renta”, explicó el consejero, quien destacó que “el propósito de esta cesión es que las familias sientan la tranquilidad de que no van a perder su hogar y permitirles que vivan más desahogados económicamente, eliminando la carga del pago del alquiler social”.
Destacó que “la adjudicación de la propiedad de una vivienda social es el culmen del reconocimiento al trabajo y tesón de las familias que en su día fueron adjudicatarias de la vivienda social y que se han esforzado a lo largo de los años en pagar el alquiler de la vivienda y desarrollar su vida a través de la misma”.
El programa establece que para ser beneficiario de esta medida es necesario cumplir con el requisito de estar al corriente del pago del alquiler social y haber vivido en la casa del parque regional durante 25 años. En el caso de las víctimas de violencia doméstica o de terrorismo, parados de larga duración mayores de 50 años, familias numerosas, monoparentales o con algún miembro con discapacidad el tiempo de permanencia se reduce a diez años.
