El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que van a seguir avanzando "hacia una fiscalidad más progresiva, con impuestos que graven más a quienes más tienen y orienten también el modelo productivo".
Así, ha asegurado que su Ejecutivo va a gravar fiscalmente a quienes "ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas", para "acotar privilegios desproporcionados" de los que se benefician "ciertas élites de nuestro país".
Durante un acto en el Instituto Cervantes con el que ha quedado inaugurado el curso político, Sánchez ha insistido en que "los niveles actuales de desigualdad en oportunidades, en renta, en patrimonio siguen siendo injustos y excesivos porque responden a un sistema de privilegios heredados".
Este sistema limita "nuestra libertad como individuos" y "daña nuestra sociedad" porque merma "nuestra seguridad, nuestra capacidad de crecimiento y nuestra capacidad y voluntad de innovar".
El presidente ha hecho hincapié en que con esta medida no pretende "perjudicar a los millonarios", sino "proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto".
"Independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos -por cierto fabricados en España-, más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos lamborghinis", ha añadido el presidente del Gobierno.
Por otro lado, Sánchez ha asegurado que impulsará un nuevo sistema de financiación autonómico "más justo", que reduzca las diferencias territoriales y en el que todas las comunidades recibirán más recursos.
En cuanto al nuevo sistema de financiación autonómico, servirá -ha dicho- para reducir las diferencias territoriales, atender las singularidades de cada comunidad y garantizar la suficiencia del gasto público.
Exigirá además, ha apuntado Sánchez, la corresponsabilidad de los gobiernos autonómicos, porque "la descentralización (...) es perfectamente compatible con garantizar la solidaridad y la equidad entre territorios y también con garantizar la suficiencia de recursos".
Se ha comprometido a que "todas y cada una de las comunidades autónomas recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular" y para ello se duplicarán los recursos del fondo de compensación interterritorial.
El jefe del Ejecutivo ha aprovechado su intervención para criticar a los barones del PP y su gestión en las comunidades en que gobiernan.
En especial, ha señalado la labor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de bajar los impuestos a los más ricos mientras reclama al Gobierno más recursos.
Solo en el último año, ha denunciado, en esta comunidad "se han derivado 1.000 millones de euros públicos" a la sanidad privada.
"De cada diez euros que el Gobierno de España ha dado a la Comunidad de Madrid para mejorar la vida de los madrileños el Gobierno autonómico ha usado 3 para hacer regalos fiscales a los más ricos", ha añadido.
Y es que, según ha remarcado Sánchez, las comunidades del PP usan estos recursos para "recortar servicios y convertir en un negocio para unos pocos lo que son derechos para todos".
Frente a ello, el Gobierno de coalición progresista ha apostado en los últimos seis años por invertir en servicios y en prestaciones sociales, "un 28% más que lo que invirtió la anterior administración del Partido Popular", ha agregado.
Igualmente, en el acto, Sánchez ha desgranado sus ejes de acción.
Unos ejes centrados en la competitividad económica, la dignidad laboral, el Estado del bienestar, la vivienda la paz y la igualdad.
Aprobación del techo de gasto y la senda de déficit
Igualmente, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Consejo de Ministros aprobará de nuevo, el martes, el techo de gasto y la senda de déficit para su remisión al Parlamento.
Según el mismo, el objetivo es aprobar "unos Presupuestos Generales del Estado que lleven el 'adn', la marca, el sello de este Gobierno de coalición progresista".
Sánchez ha insistido en que su Ejecutivo trabajará por unos "presupuestos sociales, ambiciosos, que consoliden y expandan la inversión pública" que se ha realizado durante estos últimos seis años.
El Gobierno tiene que aprobar, de nuevo, la senda de estabilidad para el periodo 2025-2027, después de que la primera cayera en el Congreso con los votos del PP, Vox y Junts, que adoptó esta decisión en el último momento tras conocer que Sánchez viajaría a Barcelona para reunirse con el entonces presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.
Estos objetivos se votarán en el Congreso y, si resultan aprobados, en el Senado, aunque si la Cámara Alta los rechaza, el Congreso podría levantar ese veto.
La senda de estabilidad rechazada en julio preveía que el déficit público bajara al 2,5% del PIB en 2025; el 2,1% del PIB en 2026, y el 1,8% en 2027, con unas metas menos estrictas para comunidades autónomas y ayuntamientos que en las anteriores estimaciones -0,1% del PIB y equilibrio para todo el periodo, respectivamente-.
La regla de gasto -indicador fundamental para las nuevas reglas fiscales europeas- quedaba fijada en el 3,2% para 2025; el 3,3% para 2026, y el 3,4% para 2027, lo que ayudaría a bajar la deuda pública al 103,6% del PIB; al 101,8%, y al 99,7%, respectivamente.
Esta senda de déficit se asienta en unas previsiones de crecimiento económico del 2,4% este año; del 2,2% en 2025, y del 2% tanto en 2026 y en 2027, un año en el que la tasa de paro caería por debajo del 9%.
Por lo que respecta al límite de gasto no financiero o techo de gasto para el próximo año -que se debate pero no se vota- se situaba en un récord de 195.353 millones de euros, un 3,2% más, una cifra que se elevaba hasta los 199.171 millones al incluir los 3.818 millones de fondos europeos.
