El Consejo de Ministros ha acordado un limite de gasto no financiero para los Presupuestos Generales del Estado de 2025 de 195.353 millones de euros, sin contar con los fondos europeos, lo que supone un incremento del 3,2% respecto al aprobado para 2024, año en el que finalmente no hubo presupuestos.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que se trata un techo prudente, compatible con las nuevas reglas fiscales europeas, pero sin desatender los servicios públicos básicos del Estado de bienestar.
El límite de gasto alcanza los 199.171 millones si se suman los fondos Next Generation, una cantidad que este año disminuye a un tercio de lo presupuestado para 2024, porque se recibirán menores transferencias y pasarán a llegar los préstamos computan en otro apartado presupuestario.
"Empieza hoy nuestra aprobación de los presupuestos para 2025 que profundizarán en la consolidación de derechos, en el fortalecimiento de las clases medias y trabajadoras, y en el impulso al tejido productivo", ha afirmado, al tiempo que dicho que el Gobierno está en condiciones de presentarlos en "tiempo y forma" para que estén vigentes el 1 de enero.
Ha asegurado que no espera "ninguna turbulencia política" que impida la presentación de presupuestos, porque está convencida de que Cataluña tendrá un nuevo Gobierno "más pronto que tarde", con lo que descarta una repetición electoral que frustre las cuentas de 2025 como ya ocurrió con las de 2024.
"Yo estoy preparada para incorporar a las cuentas las exigencias del resto de grupos políticos", ha añadido la vicepresidenta, que asegura estar ya inmersa en la negociación presupuestaria.
Transferencia de 22.881 millones para la Seguridad Social
La vicepresidenta ha adelantado que el Estado va a incrementar en más de 1.500 millones las transferencias a la Seguridad Social, que alcanzarán un importe total de 22.881 millones, un 7% más respecto a lo previsto para 2024.
Según Montero, con esta trasferencia se da cumplimiento a las recomendación del Pacto de Toledo de pagar con cargo al Estado todos los gastos impropios de la Seguridad Social, que debe reservar las cotizaciones sociales exclusivamente para las pensiones y prestaciones contributivas.
Se garantiza también que la sostenibilidad del sistema sea compatible con el cumplimiento de la ley en lo referente a la revalorización anual de las pensiones conforme a la evolución de la inflación media.
El déficit público se reducirá al 2,5% del PIB en 2025
El Gobierno ha aprobado asimismo la senda de déficit público a tres años que supondrá rebajarlo desde el 3% del PIB calculado para este año, al 2,5% en 2025, al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027.
En esta senda la administración asumirá "todo el esfuerzo fiscal", según Montero, dejando más margen a las comunidades autónomas y las entidades locales respecto a la senda vigente que les obligaba a terminar el periodo en superávit.
Con la nueva senda, las comunidades autónomas podrán incurrir en un déficit del 0,1% del PIB cada uno de los tres años, mientras que las corporaciones locales tendrán que estar en equilibrio presupuestario todo el periodo 2025-2027.
Para la administración central se fija un déficit del 2,2% del PIB en 2025, del 1,8% en 2026 y del 1,8% en 2027.
La Seguridad Social mantiene el déficit del 0,2% del PIB para cada año del periodo, como en la senda anterior.
La regla de gasto limitará su crecimiento al 3,2% en 2025, al 3,3% en 2026 y al 3,4% en 2027, lo que Montero ha dicho que es "acorde y compatible" con la tasa de crecimiento del gasto primario neto a la que obligan las nuevas reglas fiscales europeas y que se incluirá en el plan fiscal estructural que se tiene que remitir a la Comisión Europea a finales de septiembre.
