El pasado mes de abril había en España 3,31 afiliados a la Seguridad Social por cada jubilado beneficiario de una prestación contributiva, relación que no alcanzaba una cifra similar desde el mismo mes de 2012 (3,28) y cuyo repunte se explica por el avance del empleo en la última década.
Sin embargo, la relación entre estos dos colectivos es muy dispar en el análisis por territorios, con Ourense como la provincia con menor número de afiliados por cada jubilado (1,57), mientras que Almería registra la ratio más alta (4,82).
La Región de Murcia firma uno de los mayores ratios con 4,28 trabajadores afiliados por cada pensionista. En abril había 641.515 afiliados en territorio murciano y 149.753 pensionistas.
La ratio media alcanzó su punto más bajo en 2014, cuando en abril se situó en 3,05 afiliados por cada jubilado, pero desde entonces no ha hecho sino aumentar, ya que el número de trabajadores ha venido creciendo en mayor medida que el de jubilados.
En este sentido, cabe resaltar que abril cerró con la cifra récord de 20,6 millones de afiliados a la Seguridad Social, al tiempo que se registraron 6,2 millones de jubilados pensionistas.
Así, desde 2014, el ritmo de crecimiento anual de afiliados a la Seguridad Social (con cifras de los meses de abril) es del 2,3%, mientras que los jubilados avanzan al 1,44%.
Además, el crecimiento de los afiliados se ha acelerado desde 2020, con un ritmo de crecimiento anual del 2,8%, mientras que el de jubilados ha desacelerado al 1,08%.
Con todo, la ratio de este abril queda todavía lejos de la del mismo mes de 2008, cuando había en España 4 afiliados por cada jubilado, ya que desde entonces en número de cotizantes ha crecido un 6,5%, mientras que el de pensionistas lo ha hecho un 30,09%.
Sin embargo, la realidad demográfica de España hace que, a medio plazo, las perspectivas sugieran una reducción de la ratio entre trabajadores y jubilados pensionistas, de ahí que se haya abordado una reforma del sistema público de pensiones que busca incrementar los ingresos, especialmente en la década de 2030 y 2040.
Según el informe de envejecimiento de la Unión Europea (Ageing Report), que analiza la evolución demográfica de países de la UE y sus implicaciones económicas y sociales, España se encuentra entre los países con una mayor proporción de población mayor de 65 años y una menor proporción de población menor de 15 años y, además, ese envejecimiento seguirá en las próximas décadas.
Igualmente, señala que la reducción de la población en edad de trabajar podrá limitar el crecimiento económico y aumentar la presión sobre el sistema de pensiones, de ahí la recomendación de reformas que garanticen la viabilidad financiera de dicho sistema en el futuro.
Así, el Gobierno aprobó el pasado mes de marzo, tras pactarlo con la Comisión Europea y los sindicatos, el último bloque de la reforma del sistema público de las pensiones, que incluye medidas destinadas a incrementar los ingresos para hacer frente al incremento de gasto que soportará el sistema durante las próximas dos décadas.
Con todo, el Banco de España avisó la semana pasada de que serán necesarias nuevas medidas a partir de 2025 para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, dado las mayores obligaciones de gasto a largo plazo "no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos".
