La confederación empresarial regional, CROEM, en la línea de las recientes manifestaciones públicas hechas por la Junta Directiva de CEOE y CEPYME, muestra su total rechazo a las formas que pretende aplicar el Gobierno de la nación en su intento de cambiar la reforma laboral.
Para CROEM, igual que para las demás confederaciones territoriales, recurrir al Decreto Ley para sustituir una reforma de tanto calado como la que salió adelante en 2012, supone vulnerar los principios del diálogo social y perjudicar gravemente la competitividad de las empresas y la dinámica de la actividad económica.
En este sentido, el presidente de la confederación, José María Albarracín, considera que los agentes sociales son los interlocutores imprescindibles para abordar cualquier iniciativa política que tenga que ver con la economía y el empleo y así son considerados por la propia Constitución Española. “Los empresarios estamos siempre dispuestos a debatir y consensuar mejoras, pero sin saltarnos el marco que tenemos establecido para ello”, puntualiza, al tiempo que considera que este anuncio tiene un cariz “claramente electoralista”.
Además, desde la confederación regional se considera que el Proyecto de Ley es más apropiado para plantear cualquier reforma, ya que propicia el diálogo y la participación, mientras que el Decreto Ley es propio de situaciones extremas que no se dan en la actualidad y que, encima, están condicionadas por un clima preelectoral.
Por este motivo, Albarracín entiende que cualquier reforma o “contrarreforma” que pretenda plantear el Ejecutivo “tiene que contar necesariamente con los agentes sociales, de lo contrario se estará poniendo en riesgo la estabilidad que tanto necesitamos para seguir creando riqueza y empleo”.
