El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, cree que el acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales está más cerca y no detecta ya ninguna "objeción de calado" por parte de la patronal, tras ofrecerle una aplicación más flexible "con todo el colchón anual" de 2025.
Fuentes de CEOE, que no ha comparecido ante los medios, han comentado a EFE tras escuchar las palabras del secretario de Estado que en la reunión de este miércoles se han vuelto a negar "absolutamente" a la reducción legal de la jornada, porque es una cuestión que ya se trabaja en la negociación colectiva.
Con este comentario no da muestras la patronal de acercamiento, mientras Trabajo ve próximo un acuerdo de diálogo social "a la altura del alcanzado con la reforma laboral" en diciembre de 2021.
En rueda de prensa tras la reunión con sindicatos y patronales, Pérez Rey ha dicho que en lugar de tener vigentes las 37,5 horas a 1 de enero de 2025, como estaba previsto en el acuerdo del Gobierno de coalición, se puede hablar de una incorporación más flexible a lo largo de todo el año "introduciendo más permisos adicionales o más vacaciones".
"Hay muchas fórmulas para una incorporación más flexible que pueden contar con la complicidad de los propios convenios colectivos", ha añadido Pérez Rey, que prevé que estas cuestiones se concreten en la próxima reunión que han fijado para el 29 de julio.
El secretario de Estado no ha querido precisar si este escenario implica renunciar a contar ya en 2024 con la reducción a 38,5 horas -para lo que era necesario contar con un texto legal en agosto-, pero ha contestado que "no se va a dejar caer un acuerdo por intentar acelerar unas semanas el cierre del texto".
Pérez Rey ha apelado al consenso porque se está legislado para las próximas cuatro décadas y es importante contar con un cambio efectivo, no "una norma de bisutería", porque "lo que tiene que pasar a la historia no es la medida, sino el bienestar alcanzado cuarenta años después".
Junto con el mayor margen temporal para su aplicación, ha insistido en las otras dos patas del eventual acuerdo, que pasan por garantizar el derecho a la desconexión digital en horario no laboral y por permitir una distribución irregular de las horas máximas anuales en determinados sectores sin que implique más horas extra, lo que irá acompañado de la reforma del registro horario para asegurar su cumplimiento.
Los sindicatos amenazan con movilizaciones si no hay avances
Los sindicatos perciben un "cierto atascamiento" en la negociación y han pedido concretar el mayor margen del que habla el Gobierno "con una transitoriedad tasada y con medidas constatables", al tiempo que han advertido de que si no hay un avance claro en la mesa del 29 de julio, seguirán negociando pero también convocarán movilizaciones en la calle en septiembre.
"Nos vamos a movilizar contra aquellos que dificulten o que impidan que las relaciones laborales en España se adapten al siglo XXI", ha dejado claro el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján.
Ha pedido a la patronal que elija si quiere golear en el equipo de "la España negra y no productiva" o si quiere subirse al carro de las "nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las nuevas productividades y la economía verde".
La secretaria confederal de Acción Sindical, Mari Cruz Vicente, ha lamentado que tras tantas reuniones se encuentren "en una especie de bucle, sin avances" y ha asegurado que, de no buscar de inmediato un acuerdo y avanzar sustancialmente en la próxima reunión, "el 29 en septiembre convocaremos una batería de movilizaciones".
No obstante, ha señalado que seguirán negociando y valorando medidas que faciliten acuerdo, pero tienen que ser ajustadas a la realidad, porque "desde las organizaciones empresariales se está haciendo un mundo".
Ha coincidido con Luján en explicar que la jornada media española es de 1.760 horas anuales y llegar a las 1.712 supondría reducir 48 horas al año, algo que a su juicio "no parece que vaya a suponer una crisis para las empresas".
Sobre la distribución irregular de la jornada, ambos contemplarían plazos de transitoriedad en función de los sectores, pero pactado en negociación colectiva y ajustado a la realidad de las jornadas laborales fijadas en convenio.
Asimismo, ambos se han mostrado a favor de promover la revisión de los contratos públicos a los incrementos de costes que experimentan las empresas, tal y como pide la patronal, porque, entre otras cosas, "se está impidiendo el cumplimiento de la directiva europea sobre salarios".
