Analizar el impacto que tiene la nueva Ley de Contratos del Sector Público en las empresas contratistas de la Administración ha sido uno de los objetivos de la jornada organizada por la Universidad de Murcia, el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y el Colegio de Graduados Sociales.
En la jornada, celebrada en el Hotel Agalia de Murcia, también se ha debatido sobre las novedades en la contratación de trabajadores fijos y fijos discontinuos por las ETT. Ambas materias han generado controversia y mucho interés para las empresas de nuestra Región en este fin de año.
El primer bloque de la jornada se ha dedicado al análisis de las novedades en la contratación de trabajadores por parte de las empresas de trabajo temporal (ETT), tras la campaña que ha desarrollado en el sector agrícola durante estos últimos meses la Inspección de Trabajo de Murcia y la doctrina que sobre los trabajadores eventuales, fijos y fijos discontinuos ha elaborado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
PARTICIPANTES. Con este objetivo, han intervenido Rubén A. Jiménez Sánchez, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia), Diego Martínez Rafecas, director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la CARM) y José Agustín Gómez Gil, jefe de los Servicios Jurídicos de la Seguridad Social en Murcia.
Para abordar el segundo tema de la jornada, el abogado de Garrigues de la oficina de Murcia, Felipe Cegarra Cervantes, ha comentado las novedades que, en el ámbito laboral, trae para las empresas contratistas de la Administración la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de contratos en el Sector Público.
CONTENIDO. Esta reciente Ley incorpora en nuestro Ordenamiento Jurídico el contenido de las Directivas Comunitarias sobre contratación pública y acomete diversas reformas para prevenir la corrupción y la precariedad laboral de la que suelen adolecer estas contrataciones, y que ha ocasionado en diversas ocasiones conflictos colectivos y huelgas que han afectado a los usuarios de los servicios públicos.
Cegarra ha destacado que, frente a ello, la Ley instrumenta diversas obligaciones en materia de información a cargo de las empresas sobre las condiciones laborales de sus trabajadores, evitando las ofertas “a la baja” en las adjudicaciones de contratos, comprometiéndose las empresas a respetar durante la vigencia del contrato las condiciones que marca el convenio colectivo de referencia.
Precisamente en este punto, el abogado de Garrigues ha llamado la atención sobre el protagonismo que esta Ley otorga ahora al convenio colectivo sectorial frente al de empresa a la hora de marcar las condiciones salariales de los trabajadores, rompiendo con ello lo que había sido la tendencia contraria en nuestro Derecho del Trabajo tras la reforma laboral de 2012, que privilegiaba los convenios y acuerdos de empresa.
La presentación de la jornada ha correspondido a José Luján Alcaraz, presidente del Consejo Económico y Social; Guillermo Rodríguez Iniesta, director Académico de la Escuela de Práctica Laboral de la Universidad de Murcia; Alfonso Hernández Quereda, vicepresidente del Colegio de Graduados Sociales; y José Daniel Martín González, secretario del Consejo Económico y Social.
