La Política Agrícola Comunitaria (PAC) cumple 60 años en un momento convulso para el campo español y un contexto mundial de alerta por la pandemia, el clima o la crisis de las materias primas. La PAC, que nació en una posguerra con el fin de asegurar el abastecimiento de alimentos e ingresos dignos para los productores, llega a su 60 aniversario al borde de una amplia reforma.

Seis décadas de luces y sombras, que reflejan la evolución de España, con su modernización agraria, del lado positivo, pero con asignaturas pendientes como la rentabilidad, el relevo generacional o el reparto equilibrado del valor entre agricultores, industria y supermercados.

La PAC afecta a diez millones de empresas de la Unión Europea (UE) y a 22 millones de trabajadores y cuenta con 387.000 M€ en el nuevo presupuesto hasta 2027, de los que 47.724 M€ serán para España (tercer receptor) y sus 695.000 beneficiarios.

El cumpleaños llega en medio de un tsunami que afecta a toda la sociedad europea, según declara el presidente de las cooperativas agrícolas comunitarias (Cogeca), el español Ramón Armengol.

HISTORIA

La PAC nació en 1962 para los Estados fundadores del mercado común europeo (Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) y ahora se aplica en 27 países. Fue elaborada tras la escasez de comida posterior a la II Guerra Mundial, con el fin de racionalizar la producción.

Dos décadas después cambió, ante la expansión productiva y en 1984, ante los excedentes, la entonces Comunidad Europea aprobó medidas para ajustar la oferta a la demanda. España entró en la familia comunitaria en 1986 pero su integración completa en la PAC terminó en 1995.

En 1992, la PAC fue objeto de la que es considerada la mayor reforma, la llamada 'MacSharry', porque la política de primas a los precios se redirigió hacia un apoyo a las rentas mediante pagos directos. En 2003, la UE reformó esta política para introducir el actual pago único 'desacoplado' de la cantidad producida.

En estos momentos, los agricultores y ganaderos se rigen por una prórroga de la reforma de 2013, que incluyó un 'greening' o reverdecimiento de los pagos, pero a partir de 2023 serán más verdes. La PAC culminada en 2021, que se aplicará entre 2023-2027, es la segunda más ambiciosa de su existencia y establece planes estratégicos nacionales, lo que implica más responsabilidad a los Gobiernos.

TRANSFORMACIÓN ESPAÑOLA

“La agricultura ha dado un vuelco completo en 60 años en España, que pasó de ser un país deficitario a exportador”, declara el especialista de la PAC y vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, Tomás García Azcárate.

Armengol afirma que “España es uno de los países más competitivos a nivel primario”, líder en la exportación de aceite de oliva, vino, frutas, hortalizas o porcino.

Sin embargo, entre las sombras, García Azcárate echa en falta el desarrollo de una política industrial alimentaria en la UE que ahora se acusa con la crisis de materias primas. También apunta la dificultad para el relevo generacional a menos que el agricultor herede una explotación familiar potente, por trabas como los criterios históricos que determinan la subvención por hectárea. Otra debilidad, señala Armengol, es que el sector se ha centrado en el producto fresco y “no ha sido bueno en la cadena de valor” ni ha exportado la marca España como Italia y Francia con sus alimentos o bebidas.

Otro hándicap, a su juicio, es la atomización de las explotaciones, ante lo que Armengol llama a la organización y a la concentración en cooperativas.

PROTECCIÓN EN FRONTERAS E INVERSIONES RURALES

Otra carencia agrícola, según García Azcárate, es la gestión comunitaria de las fronteras para frenar la entrada de plagas.

En relación al desarrollo rural, ha apuntado que su gestión corresponde a las administraciones nacionales o autonómicas y a veces ha habido que devolver fondos: “No creo que haga falta más dinero para la PAC, sino invertir mejor”.

También aboga por descentralizar las administraciones y por las herramientas para que las mujeres que ahora están más formadas se queden en los pueblos y en la España vaciada.

“No puede haber agricultura verde con números rojos” es otra queja de los agricultores ante las nuevas exigencias del Pacto Verde europeo, cuyo objetivo es transitar hacia una economía neutra en emisiones de CO2.

Armengol alerta de que el consumidor debe ser consciente y alguien tiene que pagar dicha transición o, de lo contrario, se pondrá en riesgo la continuidad de la producción alimentaria, que en la pandemia aseguró el abastecimiento de las neveras.