De acuerdo con los datos del CES, de nuevo, la economía regional crece en 2024 por encima de las previsiones iniciales. A falta de conocer la primera estimación oficial del INE, el consenso de los analistas sitúa el aumento del PIB en el rango del 3 al 4%, adelantando con amplitud el 2% anunciado por la CRE para el año anterior. De aquellos, AIReF la posiciona en los lugares de cabeza con una tasa del 3,8%, junto a Baleares y Canarias, magnitud con la que se sobrepasa en un 7,5% el nivel de PIB estimado en 2019, antes de la pandemia.
Es el impulso de la demanda interna lo que dinamiza la expansión de la economía murciana, propiciado por la progresiva normalización de los precios de la energía y la inflación hasta valores propios de una etapa de estabilidad económica, que ha permitido a su vez la disminución gradual de los tipos de interés. Este entorno favorece la inversión y la generación de empleo y, por consiguiente, el aumento de la renta, factores que dinamizan el consumo privado y la inversión mientras prosigue con un ritmo vivo el ascenso del gasto público.
En cambio, la atonía caracteriza la evolución del comercio exterior de mercancías. En un año de, aun desigual geográficamente, repunte del comercio mundial, la flojedad de los crecimientos económicos en los principales países de la Europa comunitaria, los preferentes de las producciones regionales, explican la endeblez que desprende la actividad exterior. Esta anota leves disminuciones, tanto en euros corrientes como en volumen y en exportaciones e importaciones. En el caso de las ventas internacionales, la caída proviene del descenso, relevante, de los productos energéticos, no atribuible a la reducción de estos precios puesto que menguan a su vez en tonelaje. Aunque es encomiable su incremento por decimoquinto año consecutivo, no es más que débil y desacelerado el alza del 1,4% que marcan los bienes no energéticos. Proviene de la fortaleza en las exportaciones de productos de origen agrario, frescos o transformados (excluidas las grasas vegetales).
La evolución anual es mayoritariamente regresiva en las ventas exteriores de productos de la industria no agraria, con las salvedades, relevantes, que presentan productos químicos, materias textiles, metales comunes y maquinarias y aparatos de tipo mecánico. Desde la vertiente de la oferta agregada, conforme a las estimaciones de Hispalink-Región de Murcia realizadas en diciembre, se espera crecimientos del VAB en los cuatro grandes sectores, incluso con relativa homogeneidad.
El del agrario lo cuantifica en un 3%, basado en los avances que, aun dentro de la habitual dispersión, enseñan las estadísticas de producciones hortícolas, patata y frutales no cítricos, si bien se espera que sea superior la aportación del subsector ganadero, con todas sus producciones cárnicas en ascenso. Si a este escenario se une que la disminución de los precios que han pagado los agricultores por los insumos es de mayor calado que la de los precios percibidos, es previsible que el año 2024 culmine con un aumento de la renta nominal agraria, adicional al que, significado, se produjo un año antes.
Al crecimiento de la economía regional en la citada anualidad contribuye la mejora de la industria, más que por la prominencia de su tasa, de un 3,1%, porque permite superar con solidez la moderada regresión que aquejó al sector en 2023. El vigor del aumento del empleo es un rasgo subrayable, así como el tipo de bienes en los que se concentra la progresión, bienes de equipo y bienes intermedios. Descendiendo a las ramas productivas, sobresale la pujanza de la industria química, las vinculadas al textil, agua y fabricación de vehículos y material de transporte.
En lo que concierne al sector de la construcción, estima la fuente antes citada que el aumento del VAB se limita al 2,3%, atribuible al pronunciado descenso de la obra pública y la persistente debilidad del subsector de la edificación residencial. En un contexto en el que los costes de producción frenan la tendencia alcista al registrar una tasa anual prácticamente nula, aunque no revierte nada del casi 30% acumulado en el último cuatrienio, la licitación oficial se reduce con fuerza en 2024, tanto como el porcentaje señalado aun cuando no deja de ser trascendente el importe total, de 559 millones. El retroceso de las viviendas iniciadas es importante, de unos 16 puntos porcentuales, pero, a diferencia de la obra pública cuya cuantía es de las más elevadas de la serie histórica pese a la referida contracción, sucede además partiendo de una cantidad muy baja en 2023, sólo por encima de las 3.000 unidades, y en las dos anualidades sin la contribución de la vivienda protegida. Al igual que la escasa magnitud de las cifras de edificación de viviendas preocupa la flojedad de las expectativas respecto a una pronta recuperación a tenor de lo que desprenden los datos de visados de viviendas de obra nueva, levemente declinantes y con cuantías totales de escasa entidad. El precio de la vivienda, sin embargo, sigue claramente al alza, y con vigor, pues el índice general arroja un 8,5% que, desde 2019, monta hasta casi los 30 puntos. No es obstáculo para que en 2024 se acreciente casi en un 10% el número de operaciones de compraventa de viviendas, mucho más en el caso de las nuevas aunque el peso relativo de estas en el total es bajo, alrededor de un 80%.
El aumento del VAB de los servicios lo cifra Hispalink en un 3,1%, aun sin descartar cierta subestimación a tenor de los datos más recientes relativos a la economía española. El empleo continúa avanzando y de los indicadores de coyuntura se deriva una mayor pujanza en el turismo y el transporte de mercancías por carretera aunque, en conjunto, se observa una progresión robusta. Los datos de alojamiento turístico se encuentran en máximos de la serie histórica, con una participación destacada de los hoteleros; en esta modalidad se elevan con brío el número de viajeros y, de forma más comedida, las pernoctaciones, estas con solidez en las tres zonas de estudio (ciudad, costa e interior) pero particularmente en las dos últimas, por lo que no parece que haya sido un factor relevante para el retraimiento de la demanda la nueva subida de los precios en estos establecimientos, de unos 5 puntos en 2024 y casi 30 desde 2019.
La inflación retorna en 2024 a la senda de la moderación. Anota en diciembre un 2,6% interanual, valor que se acerca al 20% en el cuatrienio 2020-2024; aquella tasa apenas difiere de la media anual y de la que anota la inflación subyacente. Los incrementos más elevados se encuentran en las rúbricas relacionadas con el suministro energético, la vivienda, restauración, ocio y turismo, mientras se observa una acusada ralentización en las del transporte y los alimentos.
El incremento efectivo de la remuneración de los trabajadores asalariados en 2024, en el entorno del 5,5%, permite la recuperación plena del nivel adquisitivo de 2019, justo antes de la pandemia, lo que no sucede todavía en España. Los aumentos de los costes salariales son incluso de mayor calado que en los convenios colectivos firmados, en los que la variación salarial pactada tiende a considerar la que recomienda aplicar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. El crecimiento del citado coste es semejante al del coste laboral total y ambos, a su vez, parecidos a los que resultan en términos de hora efectiva de trabajo puesto que la duración de la jornada desciende mínimamente.
Con la información estadística hasta noviembre, asciende a 320 millones el déficit presupuestario de la CARM, lo que comporta un relevante decremento respecto al mismo periodo de 2023, si bien, junto a la valenciana, son las únicas comunidades autónomas con saldo negativo en sus cuentas. El descenso se basa en un acusado incremento de los ingresos no financieros, cuya tasa anual más que duplica la de los gastos no financieros. El avance de aquellos se basa sobre todo en las fuertes subidas en impuestos como el IVA y el IRPF, así como en las transferencias corrientes. El alza del gasto se localiza en los de naturaleza corriente, ante la acusada disminución que experimentan los de capital, potente con carácter generalizado pues dentro del rango 8-10% se encuentran las subidas en personal, bienes y servicios y transferencias corrientes. En términos de contabilidad nacional, se cuantifica el déficit público en 368 millones, un -0,86% del PIB, ratio sólo adelantada por la de Comunidad Valenciana. Hasta septiembre, la deuda pública aumenta en 12 meses en unos 950 millones, hasta un importe de 12.800 que supone un 30,3% del PIB.
Los indicadores del mercado de trabajo denotan bonanza, a excepción del paro estimado que se eleva ligeramente por el mayor dinamismo del flujo de entrada, la población activa, que el de creación de empleo, este notable durante todo el año excepto por el inesperado y relevante tropiezo que sucede en el cuarto trimestre. En promedio anual, el crecimiento de la ocupación que estima la EPA es discreto y ralentizado, un 1,7% que lo monta hasta 680.000 personas, el máximo de la serie histórica. Las notas adversas se encuentran en el fuerte descenso de las personas ocupadas en el sector de la construcción, también en el trabajo no asalariado y en la fuerte participación relativa del empleo poco cualificado en el referido incremento de la ocupación. En este, descuella que el aumento es de población femenina casi en su totalidad; se localiza en las personas menores de 25 años y en las de 55 o más edad, pues se estabiliza el intervalo intermedio; el crecimiento es notable tanto en el trabajo asalariado público como en el privado, ambos en sus cifras conocidas más elevadas; desde otra vertiente del empleo asalariado, es subrayable que en 2024 se eleva por primera vez, tras la reforma laboral, el trabajo temporal, aunque algo menos de lo que se expande el indefinido, este significativamente desacelerado, lo que ocasiona una leve caída de la tasa de temporalidad, hasta un 18,6%, unos tres puntos más que en España.
Resalta de nuevo la alta brecha que separa las tasas de temporalidad laboral entre los sectores público y privado, la de aquel unos 12 puntos superior. El lado desfavorable en este ámbito es el suave incremento de la población desempleada, de un 1,2%, que afecta sobre todo a la de larga duración, si bien la repercusión es muy débil en términos de la tasa de paro. La reforma del subsidio de desempleo que entra en vigor en noviembre invierte la tendencia alcista que caracterizaba su evolución hasta entonces, aproximadamente de un 3%, hasta declinar otro tanto según el número de beneficiarios totales de prestaciones por desempleo existente al acabar 2024. Sin embargo, de una media anual ligeramente superior a 60.000 beneficiarios resulta una tasa anual de un 1,6%. Como este aumento concurre con el significado retroceso del paro registrado, a diferencia de lo que estima la antes citada Encuesta, el resultado es un vigoroso incremento de la tasa de cobertura de prestaciones por desempleo, ya en un 83,4% que supone 22 puntos más desde la entrada en vigor de la reforma laboral. Es la consecuencia de la expansión del contrato fijo discontinuo, de gran arraigo en la Región para el trabajo agrario, que permite el devengo de la prestación en los periodos de inactividad aunque no consten como parados registrados.
Asimismo, explica la amplia distancia respecto al valor de la tasa en España (72,6%), y entre la tasa regional masculina y femenina, mayor la primera por cerca de 24 puntos. Entrando en el ámbito de las relaciones laborales, del estudio de la estadística de contratación se desprende que finaliza la transición al nuevo marco de relaciones laborales que establece el RDL 32/2021, que trajo consigo el desplome de los contratos temporales y el auge excepcional de los indefinidos, sobre todo a través del fijo discontinuo, de tal forma que la tasa de temporalidad de la contratación laboral pasó de poco más del 90% hasta el entorno del 45%. La novedad en 2024 es que desciende la contratación indefinida a causa del vigoroso decremento del contrato fijo discontinuo, puesto que el retraimiento del indefinido ordinario es mínimo, y aunque se prolonga la contracción de los temporales, mientras repuntan ya en España, la caída es de escaso alcance. El efecto de ambas evoluciones opuestas es el ascenso de la citada tasa de temporalidad hasta un 44,5%, 13,5 puntos por debajo de la española por el impacto del contrato fijo discontinuo.
En lo que concierne a la conflictividad derivada de las relaciones laborales, los resultados no son satisfactorios excepto en la actividad huelguística. Tanto los trabajadores afectados por procedimientos de regulación de empleo como aquellos incursos en despidos anotan importantes aumentos en 2024, en especial estos últimos, cuyas tasas de variación sobrepasan con amplitud las de España incluso si se excluye a la comunidad valenciana en la estadística nacional para evitar el sesgo derivado de la dana; pese a ello, los datos totales de la Región relacionados con los correspondientes del país, asimismo una vez realizado este cálculo, arrojan pesos relativos significativamente inferiores a los de empleo. Es esta una evolución semejante a la que se observa en materia de conciliaciones individuales y en los asuntos laborales sociales resueltos en sede judicial, cuyas cuantías aumentan con brío en 2024; mientras que la participación relativa en el contexto nacional correspondiente a las mediaciones rebasa con holgura las de empleo sucede lo contrario en los asuntos judicializados, lo que revela cierta preferencia en la comunidad murciana por la solución extrajudicial. El lado favorable en la conflictividad laboral se encuentra en la actividad debida a las huelgas, muy reducida en términos absolutos, mucho más todavía una vez puesta en relación con la desarrollada en España. Lo revela que los trabajadores participantes en huelgas y las jornadas pérdidas por ello suponen un 0,5 y 0,3% de los correspondientes totales nacionales. Finalmente, la mejora de la accidentalidad laboral es también un rasgo a resaltar de la evolución económica regional en 2024. Siquiera con suavidad, retrocede el número de accidentes laborales con baja por el retroceso de los que acaecen durante la jornada laboral, que suponen casi el 86% del total, pese al ligero incremento de aquellos que suceden in itinere, y con la favorable particularidad de las relevantes disminuciones en los calificados de graves o mortales. Dado el aumento de las personas afiliadas a la Seguridad Social con las contingencias cubiertas, el decremento en más pronunciado en términos relativos, evaluado a través del índice de incidencia, cuya tasa
anual de un -4,6% lo sitúa por debajo de 3.000 accidentes por cada 100.000 afiliados. Aunque disminuye el valor de los trabajadores asalariados y el de los autónomos, la brecha entre ambos colectivos sigue siendo descomunal, aquellos con un índice casi 3,7 veces más grande.
