La Ley de Aceleración empresarial, uno de los proyectos estrella del Gobierno 'popular' y que cuenta con el apoyo de Ciudadanos en la Asamblea regional -y a cuya redacción contribuyó activamente CROEM-, superó este lunes el trámite de las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Podemos, y sigue su marcha rumbo a la aprobación, que, si no hay novedad, podría producirse el próximo día 18.
El blindaje que proporcionan al proyecto legislativo populares y ciudadanos, que tienen mayoría absoluta en la Asamblea Regional, salvaguardan al texto de las enmiendas de los grupos de izquierda. La secretaria general de la propia Asamblea, Encarna Fernández Simón, emitió un dictámen nada favorable a la ley, algo que posiblemente hará necesarios algunos retoques, pero que no supondrá grandes modificaciones. “Lo que viene a decir la secretaria general es que no ha tenido el tiempo suficiente para estudiarla en profundidad, lo que es normal pues es una ley compleja y que lleva aparejada mucha literatura. Es una opinión preliminar que en ningún caso pone pegas específicas a ningún artículo”, dijo el presidente de la CROEM, Albarracín, a MURCIADIARIO hace unos días.
"Nosotros afrontamos la situación con la confianza de que la primera ley fue aprobada en el 99,5% de su articulado”, añadió, y además destacó que “la cantidad de gente que nos ha asesorado para redactar la ley ha hecho un trabajo excepcional. Puede que haya que perfilar alguna cosa, pero no mucho más”.
Este lunes, así, la ley ha tumbado las enmiendas a la totalidad de socialistas y Podemos, a quienes no gusta nada esta ley. La principal pega que le ponen los socialistas es que la proposición de ley modifica 16 leyes, algunas de ellas, de Ordenación Territorial y Protección Ambiental. Para Alfonso Martínez Baños (PSOE), la ley está hecha “a la carta para beneficiar a determinados intereses”. Martínez ha recordado que en el 80% tendrán que aplicarla los ayuntamientos, criticando que “no se haya hablado con ellos; se trata de hacer urbanismo a la carta”, ha apuntado el socialista haciendo alusión al informe emitido por los servicios jurídicos de la Cámara.
Por su parte, Óscar Urralburu, líder de Podemos, fue aun más duro: "Es una aberración jurídica”, y asegura que lo que acelera esta ley es "el desastre en la que se saltan muchas leyes y todos los filtros de consulta social”. A su juicio, en esta ley “se premia a quienes se han dedicado a incumplir la ley”.
Ambos partidos han anunciado que si la ley sale adelante, recurrirán al Tribunal Constitucional para frenarla.
BLINDAJE DE LA MAYORÍA. Frente a estos dos grupos, PP y Ciudadanos cierran filas. Víctor Martínez (PP) ha señalado que "la ley permitirá reducir los plazos, apostar por las energías renovables y dar la oportunidad a 20.000 empresas que se han quedado en alegalidad, que se legalicen”. En parecido sentido se expresaba Miguel Sánchez (Cs), que ha apuntado que la ley quiere “arreglar” el “problema” que tienen muchas empresas en la Región. “Esto es provisional porque la última palabra la tendrán los ayuntamientos, que tienen un plazo de 3 años para adaptarse a la normativa autonómica y tener sus planes urbanísticos”, ha dicho.
Superadas las enmiendas a la totalidad, abre el turno de presentación de enmiendas parciales, que previsiblemente aprovecharán PP y Cs para hacerle esos retoques que subsanen las carencias encontradas por los letrados. El objetivo de todos sigue siendo tenerla aprobada el próximo día 18.
