El ayuntamiento de Lorca deberá devolver los 541.000 euros entregados por la promotora de un convenio urbanístico de 2005 para urbanizar unos terrenos en la diputación de Aguaderas por incumplir los plazos previstos en el acuerdo.
Así lo dispone la sentencia dictada de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia que desestima el recurso que el consistorio presentó contra la dictada por el juzgado al que correspondió la demanda de la empresa B 21, que declaró el incumplimiento de los compromisos de la corporación.
La sala condena al ayuntamiento a pagar las costas del recurso, aunque limita su importe a 6.000 euros, y añade que su desestimación puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo si se acredita que el asunto tiene interés casacional.
La sentencia del primer juzgado condenó al consistorio a pagar además los intereses legales devengados por la cantidad que debía devolver desde la fecha de su reclamación por vía administrativa.
Dice la sala ahora que se sobrepasó con creces el plazo previsto en el convenio, lo que hizo que la promotora perdiera su interés por su inviabilidad económica al no disponer a tiempo de la emisión de la cédula de urbanización, por lo que la empresa pidió su resolución en abril de 2014.
En su primer recurso, el ayuntamiento alegó que no había incumplido, sino que había habido dejación y abandono de los promotores por la crisis económica desde 2008.
Ahora la sala recalca que el retraso es imputable al consistorio y confirma además la desestimación inicial de una segunda petición de la empresa de una indemnización de casi 7.000 euros por daños y perjuicios.
