Murcia, Madrid y Cataluña, son las únicas comunidades autónomas que han disminuido el gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) desde la pandemia, según un estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
La Región destinó en el pasado año 2.768,02€ a gasto social por habitante, con una caída del 0,27
El informe muestra el aumento en un 7% del gasto dedicado por las comunidades autónomas a esas tres áreas sobre las que tienen competencias respecto a 2019, mientras suben el 34% las partidas destinadas al resto de políticas.
En el conjunto de las comunidades, el gasto corriente en políticas sociales ha aumentado 8.526 millones de euros entre 2019 y 2021, detalla este análisis elaborado con datos del Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Estadística (INE).
"La crisis sanitaria y social provocada por la covid demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales; sin embargo, el incremento del gasto en estas políticas gestionadas por las comunidades ha sido de apenas el 7% entre 2019 y 2021, mientras subió cinco veces más el destinado a las otras áreas", explica el presidente de la asociación de gerentes sociales, José Manuel Ramírez.
Según el estudio, las transferencias estatales recogen "un importante aumento" que alcanza 23.701 millones de euros en este periodo.
"Ese incremento de financiación estatal no se ha visto reflejado en la misma medida en un incremento en el gasto social en las comunidades", destaca Ramírez, quien incide en "el exiguo crecimiento del 3,5% del gasto sanitario (2.356 millones más) teniendo en cuenta la situación de pandemia".
La evolución del gasto en políticas sociales ha sido muy desigual. Por cuantía, casi todas las comunidades -salvo Cataluña, Madrid y Murcia- han superado en 2021 el gasto social por habitante que tenían en 2019. Destaca Castilla-La Mancha con un aumento de 515 euros y La Rioja con 487; se reduce en Cataluña, en 134; Madrid, 119, y Murcia, 65 euros.
Si se observa el porcentaje de presupuesto destinado a políticas sociales, 12 de las 17 lo reducen, siendo especialmente acusado en la Comunidad de Madrid (el 10,18%) y Asturias (6,72%), seguido de Extremadura (5,93%) y Cataluña (5,55%).
Considerando el gasto por habitante en 2021, contrastan los 2.202 euros que Madrid invierte en consolidar sus derechos sociales, frente a los 3.748 euros de Navarra y los 3.570 del País Vasco.
"Han tenido que pasar 10 años y una pandemia para recuperar el gasto social", lamenta el responsable de esa asociación. Los 116,9 millones que destinaban las autonomías a políticas sociales en 2009, no se superaron hasta 2019 cuando se gastaron 122,5 millones.
Sin embargo, el gasto en el resto de políticas ha seguido aumentando: si en 2008 su coste suponía 121 euros por habitante, en 2021 ha supuesto siete veces más (840 euros), "limitando así la capacidad de las comunidades para incrementar su gasto en sanidad, educación y servicios sociales", expone el documento.