El presidente de COAG-IR Murcia, José Miguel Marín, ha abogado este jueves por una modificación de la Ley de Mar Menor en la que se unifique la normativa vigente y ha defendido que el uso de las mejores prácticas agrias le permite afirmar que el sector “no contamina el subsuelo” y, por tanto, tampoco el acuífero.
Marín ha sido el primer compareciente de los más de 60 que pasarán en los próximos meses por la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos de la Asamblea Regional, en la que se valorará una posible reforma de la Ley de recuperación y protección del Mar Menor.
“A día de hoy las mejores técnicas en agricultura e intensivas se están dando aquí, en la Región de Murcia y en este caso en el Campo de Cartagena”, ha resaltado Marín, quien ha detallado que estas mejores prácticas agrícolas “están sometidas al análisis de los científicos”.
En este sentido, ha mencionado el proyecto FERTirrigación ECOsostenible en la cuenca vertiente del Mar Menor (Ferteco), de la Fundación Diversidad, que está dirigido por el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas-CSIC) y el que participa COAG, cursando una invitación a los diputados para que vayan a conocer ‘in situ’ los campos de ensayo “para que vean de primera mano cómo se hacen las cosas” y se respaldan con datos científicos.
El presidente de COAG-IR ha aclarado que “los agricultores y ganaderos no estamos en el Mar Menor, estamos en la cuenca vertiente, y estamos centrados en evitar la posible contaminación del subsuelo para evitar afecciones al ecosistema”.
“No venimos aquí a pedir ninguna medida que suponga la desprotección del Mar Menor”, ha incidido Marín, quien ha asegurado que los agricultores de la cuenca vertiente “cumplen al 99,9%” la normativa vigente, en una zona “hiperregulada” desde el punto de vista normativo, y con un sector que ha demostrado su capacidad de adaptación pese a las dificultades y contradicciones a las que se enfrenta a diario.
Por ello, ha asegurado que “si en alguna práctica se determinada científicamente que hay afectación al subsuelo, no les quepa la menor duda de que será corregida en el menor tiempo posible”, pero ha insistido en la necesidad de unificar la normativa porque, de lo contrario, “habrá un choque legislativo y normativo del que no sé cómo vamos a salir”.
En su opinión, debe haber un desarrollo reglamentario “que nos permita ser ágiles en los cambios que hay que adoptar”, unificando las normas “en una sola directriz para la producción agraria”. “La hiperregulación del Campo de Cartagena es inasumible”, ha aseverado Marín.
En este punto, ha expuesto que “la técnica de Ley está viciada” pues, ‘de facto’, supone una suerte de Código de Buenas Prácticas agrarias que “ignora” otras normativas estatales o europeas, entrando en contradicciones y en obligaciones “imposibles de cumplir”.
Por ello, ha reconocido que existe “malestar” entre los agricultores del Campo de Cartagena, a los que “se ha coaccionado de forma importante en su actividad agraria”, imponiéndoles un articulado “que no es eficaz, limita la producción y pone dificultades”, cuando los primeros que no quieren perjudicar el ecosistema son los propios agricultores.
José Miguel Marín ha insistido es que “debemos alcanzar un consenso para modificar la Ley” de recuperación y protección del Mar Menor, apoyándose “en el sentido común y la ciencia”, y ha pedido a los grupos parlamentarios que “saquen la confrontación política” de este tema. “Que la demagogia no sea la compañera de viaje de los análisis para la modificación de esta Ley”, ha apostillado.
También ha denunciado que “se ha regulado la actividad la agricultura pasando de puntillas por el resto de actividades que incluyen en la cuenca vertiente del Mar Menor”, por lo que ha reclamado “una ley transversal para todas las actividades económicas”.
El líder de COAG-IR ha preguntado que, ya que hay unanimidad en que el acuífero está contaminado por nitratos, “por qué no extraemos el agua y usamos la tecnología para desnitrificarla y ponerla al servicio de otros usos, evitando así la entrada de agua contaminada al Mar Menor”. Para ello, ha ofrecido los 1.800 sondeos legales que hay en el Campo de Cartagena, que podrían “bombear agua y rebajar el acuífero”.
Finalmente, Marín ha anunciado que las tres organizaciones profesionales agrarias de la Región (COAG, Asaja y UPA), junto a Proexport y Fecoam, están ultimando un documento conjunto, que entregarán a todos los grupos parlamentarios y a la presidenta de la Asamblea Regional, con información detallada “de los puntos en los que nosotros creemos que se debe actuar” en una eventual reforma de la Ley de protección y recuperación del Mar Menor, “justificando el por qué y basándonos en cuestiones científicas”.
