El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, reiteró durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida por el ministro del ramo, Luis Planas, que “la grave situación a que está abocado el agro regional por el demoledor efecto de la sequía, requiere de acciones contundentes por parte del Gobierno de la Nación”.
Luengo resaltó que “la situación más acuciante se está produciendo en las dos comarcas que habitualmente reciben más lluvias, como son las del Noroeste y el Altiplano, afectando a la ganadería extensiva de secano, ovino y caprino y a los cultivos de cereales, almendro y viña”, y recordó que el Gobierno regional pondrá a disposición de agricultores y ganaderos créditos blandos, por importe de cinco millones de euros, con el fin de paliar los efectos de la sequía y el encarecimiento de costes que están sufriendo en los últimos meses.
Señaló el consejero que las propuestas concretas que hizo el Gobierno regional en la Mesa Nacional de la Sequía, como la habilitación de ayudas directas a los productores de almendro de secano y cultivos de cereales; las medidas fiscales como la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica y el aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social; o una prima de ganado de 30 euros para la alimentación de la ganadería de ovino y caprino, “serían ayudas extraordinarias y efectivas para hacer frente a una situación también extraordinaria y de una gravedad extrema”.
También volvió a urgir al ministro para que el Gobierno de España active todos los recursos hídricos adicionales para poder aumentar temporalmente la disponibilidad de agua, y que autorice un riego de socorro para los cultivos de secano, “con el objetivo de no perder esas plantaciones, que es algo que puede ocurrir de forma inmediata”.
Al tiempo, el Gobierno regional va a poner en marcha el Observatorio de la Sequía, “en el que los agricultores tendrán un papel principal y donde se analizará la situación y las medidas más adecuadas y eficaces para hacerle frente desde una perspectiva científica y técnica, a la vez que una previsión de daños”, subrayó.
Además, Luengo solicitó al ministro Planas el aplazamiento de la obligación de cumplimentar por los agricultores el cuaderno electrónico previsto para septiembre de 2023, y la aplicación del Reglamento de Ejecución que establece esta obligatoriedad para el 1 de enero de 2026.
“La situación actual, derivada del incremento de los costes de producción por la crisis de Ucrania, y la situación de extrema sequía que vivimos, convertiría la aplicación de esta medida en un nuevo motivo de encarecimiento de costes para el sector, ya que muchos medianos o pequeños productores tendrían que contratar los servicios de un técnico o una empresa para la cumplimentación de manera electrónica del mismo”, concluyó Luengo.
