La comunidad autónoma prepara un protocolo para la detección temprana de la okupación con el fin de prevenir estas prácticas ilegales en la Región de Murcia. El documento, que será difundido entre todos los colectivos y entidades locales, contará con las aportaciones de los profesionales del sector de la vivienda.
Así lo anunció el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, tras la reunión que mantuvo con el presidente del colegio de Administradores de Fincas, Carlos Antón, y miembros de su junta directiva, a quienes solicitó colaboración para la redacción del citado protocolo.
El consejero destacó que esta institución colegial “conoce de primera mano la problemática del allanamiento y usurpación de viviendas, y han comprobado el incremento de los casos de ocupación, así como las molestias que causan en los vecindarios afectados”.
Díez de Revenga puso de manifiesto que una de las prioridades del Ejecutivo regional son las políticas de hogar y, ante el crecimiento de los casos de okupación, quiere poner a disposición medidas para la prevención de esta práctica ilícita.
“El movimiento okupa como lo conocíamos hasta la fecha se ha convertido en una red perfectamente organizada que hay que erradicar”, indicó el consejero, quien añadió que “nuestra misión es que esas auténticas mafias no se instalen en la Región de Murcia”.
Según el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior, la ocupación ilegal de inmuebles aumentó en la Región de Murcia cerca de un 20% en lo que llevamos de año hasta alcanzar los 176 casos, frente a los 147 del año 2019.
El consejero indicó que hoy se inicia una ronda de contactos con los profesionales del sector de la vivienda y demás autoridades públicas para analizar la situación de la okupación y diseñar un protocolo que impida el establecimiento de estas redes en la Región de Murcia.
Además, Díez de Revenga se comprometió a estudiar la petición del Colegio de Administradores de Fincas de considerar válida la asistencia de manera telemática a las reuniones de propietarios, así como prorrogar el plazo de celebración de las juntas obligatorias, mientras dure la pandemia de coronavirus.
