Mes y medio después de empezar formalmente la negociación del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, los socios de gobierno encaran una nueva semana de reuniones en la que el presidente, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, podrían estar llamados a desbloquear la situación.
Los encuentros de la semana pasada entre el secretario general de Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, se saldaron sin avances, según aseguraron ambas partes, que ya han incumplido el plazo que se dieron en diciembre para llegar a un acuerdo.
De las cuatro exigencias planteadas por Belarra -que la ley permita la limitación de precios máximos de alquiler, que incluya la prohibición de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional y la garantía de suministros básicos, y que sancione a los grandes propietarios de viviendas vacías- el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no ha aceptado hasta el momento ninguna.
Entre los morados creen que lo que buscan los socialistas es "tensar la cuerda para que se rompa de algún modo, porque saben que se meten en un lío con las élites del ladrillo si aceptan las propuestas" que estos recogen del movimiento de vivienda.
MEJOR NADA QUE UNA LEY QUE NO SIRVE
Aunque públicamente no lo han explicitado, la idea de los de Pablo Iglesias es no permitir que la ley de vivienda se tramite si no incluye la limitación del precio de los alquileres, no solo porque esa medida es esencial para ellos, sino también -dicen- porque supondría perder la primera batalla. Por eso no descartan, en última instancia, renunciar a la ley de vivienda, y más ante el temor de que el PSOE "levante la mano para luego en el periodo de enmiendas conchabarse con el PP y Cs para suavizar el anteproyecto y hacer la ley que quieren hacer".
"Mejor que no salga nada a que salga una ley que no sirve y si solo se utiliza la fiscalidad no va a servir para nada la regulación" del alquiler, sostienen en el entorno de Podemos.
Los socialistas, que son partidarios de incentivar fiscalmente la salida al mercado del alquiler de viviendas vacías y la bajada de precios en las zonas tensionadas, barajan medidas como la de retirar la actual desgravación del 60% del IRPF a los propietarios que no se atengan a los índices de precios, aseguran a Efe fuentes cercanas a la negociación.
En Podemos recalcan que las medidas fiscales no son incompatibles con las sanciones que ellos propugnan y advierten de que "si se regula solo con fiscalidad generará mucho alquiler en negro".
Entretanto, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que hace año se mostraba dispuesto a facilitar una regulación que permitiera a comunidades autónomas y ayuntamientos "limitar de manera coyuntural y temporal los precios del alquiler en las zonas tensionadas", sostiene ahora que ese no es un buen instrumento, que es mejor promover que imponer y que la pandemia de la covid-19 ha cambiado el escenario y ha iniciado una autorregulación del mercado.
