Más de 200 familias han solicitado ya de manera voluntaria y en apenas tres meses la propiedad de las viviendas sociales que la Comunidad Autónoma tiene por toda la Región, y en las que viven desde hace décadas en régimen de alquiler, ha informado este martes la consejería de Fomento.
Se convierten así en las primeras familias que se beneficiarán de la nueva iniciativa impulsada por el Gobierno regional por la que podrán ser propietarios de pleno derecho de la vivienda en la que han residido desde hace más de 25 años pagando el alquiler de su hogar social, y también las familias que residen en una vivienda desde hace más de una década que tienen alguna circunstancia especial de vulnerabilidad.
El consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, destacó que “ha llegado el momento de darles la posibilidad de que sean propietarios del que ha sido su hogar durante tantos años, en el que han visto crecer a sus hijos y han desarrollado todo un proyecto de vida”.
“Se trata de una herramienta que actúa de ascensor social y sirve de apoyo a las familias para que abandonen su situación de vulnerabilidad, de forma que puedan emprender un camino de ilusión y sobre todo de futuro, que comienza con la seguridad del hogar”, precisó.
“La finalidad es reforzar la importancia del hogar en la Región, ahora más que nunca, y se enmarca en una nueva política de vivienda que impulsa el Gobierno regional con el objetivo de garantizar un hogar para todos y cada uno de los habitantes de la Región de Murcia”, afirmó Díez de Revenga.
Los beneficiarios de esta medida son las 650 familias que residen en régimen de alquiler durante 25 años o más en una vivienda social de la Comunidad y están al día del pago de la renta, tal y como recoge la orden que regula el procedimiento de cesión de la propiedad de las viviendas, publicada recientemente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Estas condiciones se flexibilizan a quienes residan al menos diez años en viviendas sociales y tengan una situación de especial vulnerabilidad, como ser mayor de 65 años, mayores de 50 años parados de larga duración, familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo, familias numerosas o con personas con un grado de discapacidad del 33%.
La familia interesada en ser propietaria de su hogar puede presentar su solicitud cuando estime oportuno de manera electrónica o presencial, acompañada de documentación como, por ejemplo, el libro de familia, el certificado de empadronamiento o el documento que acredite que está en una situación de vulnerabilidad.
Además, el solicitante no debe poseer una segunda residencia y tener un nivel de ingresos mensuales inferiores a 800 euros, es decir, un 1,5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, indicador de referencia para conceder ayudas públicas.
Los interesados en ser propietarios de sus hogares sociales disfrutarán de una tarifa plana para los gastos de escritura, que será inferior a los 100 euros por vivienda, con el fin de facilitar la adquisición de la vivienda, ya que supone la cuarta parte de los gastos ocasionados por la compra de una vivienda libre. Asimismo, las familias están exentas del pago de las transmisiones patrimoniales por la adquisición del hogar, que ascienden al 8 por ciento del valor de la vivienda.
