La banca española está a punto de culminar un año marcado por su intento de frenar los efectos de la pandemia del coronavirus sobre las familias y empresas, el veto al pago de dividendos, las fusiones y los ajustes de empleo para ganar rentabilidad en un entorno cada vez más incierto de tipos negativos.
Las entidades comenzaron 2020 sin apenas sobresaltos, aunque con la continua preocupación de cómo mejorar su eficiencia, avanzar en la digitalización y hacer frente a la irrupción de nuevos competidores; así hasta la llegada de la pandemia.
La declaración del estado de alarma a mediados de marzo y el cierre de la economía supuso un importante reto para la banca, un servicio esencial que obliga al sector a estar disponible cuando el resto del país esta prácticamente paralizado.
Eso explica que buena parte de la red de oficinas estuviera abierta al público, aunque el grueso de las operaciones se hacían de forma remota, con miles de empleados trabajando de la noche a la mañana desde sus casas para garantizar, en un primer momento, la atención de los clientes y luego para frenar los efectos económicos.
El Banco Central Europeo (BCE) recomendó a las entidades que no pagaran dividendo este año, lo que supuso un duro varapalo para los accionistas del sector, con el objetivo de atesorar capital para apoyar a la economía y atesorar provisiones para el futuro deterioro de sus balances por el previsible repunte de la morosidad.
La banca española jugó en los primeros meses de la pandemia un papel clave para sostener al tejido empresarial, ya que canalizó la financiación con avales del Estado para que autónomos, pymes y grandes empresas tuvieran la liquidez suficiente: más de 100.000 millones en apenas ocho meses.
Al mismo tiempo las entidades concedieron moratorias a las familias más afectadas por la pandemia, un alivio en el pago de más de 1,37 millones de hipotecas y préstamos de consumo por un valor superior a 53.000 millones a finales de octubre.
Y en todos estos trámites la tecnología contribuyó de manera notable, tanto que la digitalización de los clientes a pasos agigantados ha hecho que los bancos se replantearan nuevos ajustes, lo que conlleva la pérdida de empleos y el cierre de sucursales, al margen de los que van aparejados a los procesos de fusión.
LAS FUSIONES. La pandemia del coronavirus ha servido de acicate para el proceso de consolidación del sector bancario y, aunque sigue sin plantearse ninguna fusión transfronteriza, CaixaBank y Bankia, los dos gigantes con cajas de ahorros en sus orígenes, decidieron en septiembre unir sus fuerzas y crear el primer banco por negocio en España. El nuevo CaixaBank será una realidad en los primeros meses de 2021 y sumará más de 600.000 millones de activos, cifra a la que quiso aspirar el BBVA cuando empezó a negociar su fusión con el Sabadell, una operación que saltó por los aires a finales de noviembre.
Sin embargo, continúan las dudas sobre los planes del BBVA en España después de que el banco anunciara la venta de su filial en Estados Unidos por cerca de 10.000 millones y su intención de invertir parte de ese dinero.
Aun así hay otras operaciones en marcha como la fusión de Unicaja Banco y Liberbank, que decidieron este año volver a negociar su unión para crear un grupo con unos 100.000 millones en activos y que se colaría entre los grandes bancos, superando a Bankinter.
MÁS DE 15.000 DESPIDOS. Inevitablemente las fusiones producirán ajustes de plantilla, al margen del cierre de sucursales, y aunque aún no hay cifras oficiales, algunos analistas barajan la salida de unos 8.000 empleados con la fusión de CaixaBank y Bankia, y la de unos 1.500 millones con la de Unicaja Banco y Liberbank. Eso supondría la pérdida en 2021 de unos 9.500 empleos, que llegarán a los 15.375 trabajadores si se tienen en cuenta los más de 3.500 que se verán afectados por el ERE recién acordado por el Banco Santander y sus sindicatos, y los 1.875 del ajuste previsto por el Sabadell.
