La Comisión Europea (CE) anunciará este jueves a más tardar la imposición de aranceles provisionales a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China, tras haber llevado a cabo una investigación preliminar en la que concluyó que están ilegalmente subvencionados y afectan a los productores comunitarios.
El 12 de junio la CE comunicó su intención de imponer un arancel suplementario de hasta el 38,1% a la importación de vehículos eléctricos por considerar que la subvención de sus baterías daña a los productores europeos.
El Ejecutivo comunitario basó su decisión en los resultados preliminares de la investigación iniciada en octubre para averiguar hasta qué punto la penetración de vehículos eléctricos del país asiático en el mercado comunitario afectaba a los fabricantes europeos.
Por eso, anunció la intención de imponer aranceles suplementarios del 17,4% al fabricante BYD, del 20% a Geely, y del 38,1% a SAIC, las tres empresas que la Comisión ha incluido en su investigación.
Investigación preliminar
El 4 de octubre de 2023 la Comisión Europea abrió formalmente una investigación antisubsidios sobre las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China para determinar si sus cadenas de valor se benefician de subsidios ilegales y si éstos causan o amenazan con causar un perjuicio económico a los productores de la UE.
La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, había anunciado antes, durante el debate sobre el estado de la Unión celebrado el 13 de septiembre en el Parlamento Europeo, el lanzamiento de una investigación sobre las subvenciones que China concede a sus vehículos eléctricos, cuyos precios argumentó que son "artificialmente bajos" por estas ayudas públicas y suponen pérdidas para las compañías europeas.
Según señaló entonces la CE, los vehículos chinos tienen una penetración del 8% en el mercado comunitario, que podría duplicarse hasta el 15% en 2025 de continuar al mismo ritmo, y cuestan un 20% más barato que los europeos.
Próximos pasos
La Comisión va a continuar la investigación durante varios meses hasta que decida si propone medidas antisubvención definitivas, una propuesta que deberán votar entonces los Estados miembros (entre los que Alemania es reticente).
La pesquisa debe concluir en un plazo máximo de 13 meses a partir de su apertura y, si está jurídicamente justificado, podrán imponerse derechos antisubvenciones provisionales en un plazo de 9 meses a partir de su inicio y, medidas definitivas, hasta 4 meses después (o en un plazo de 13 meses a partir de la apertura del proceso).
Esto implica que, de considerarlo necesario, la CE tendría hasta el próximo 2 de noviembre como máximo para publicar la imposición de medidas definitivas.
Posición del sector
La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA, en inglés) ha acogido con cautela el movimiento de la Comisión Europea.
Por un lado ha recalcado que el comercio libre y justo es esencial para crear una industria automovilística europea competitiva a nivel mundial, pero al mismo tiempo alerta de que esa apertura es “solo una parte importante del puzzle” y que es necesaria una “estrategia industrial sólida para la electromovilidad”.
En su opinión, esto significa “garantizar el acceso a materiales críticos y energía asequible, un marco normativo coherente, suficiente infraestructura de recarga y recarga de hidrógeno, incentivos de mercado y mucho más".
La patronal europea de fabricantes de componentes de automoción, CLEPA, ha señalado que los aranceles a los vehículos eléctricos de China pueden ser una "solución temporal” pero que no resolverán el desafío de competitividad de Europa.
Posición de China
China ha pedido a la UE que dé marcha atrás en sus planes de imponer estos nuevos aranceles y ha dejado claro que Europa necesita los vehículos chinos para cumplir sus metas medioambientales.
Según el servicio de estudios del estatal Banco de Comunicaciones, el impacto de los aranceles europeos será "controlable" y no detendrá la internacionalización de los fabricantes chinos.
En todo caso, China ha contraatacado con la apertura el 17 de junio de una investigación 'antidumping' (competencia desleal) a ciertas importaciones de carne de cerdo y derivados procedentes de la UE.
Algunos analistas ya habían indicado que Pekín buscaría que sus represalias por los aranceles se centrasen en los países que han apoyado los aranceles, entre los que se encuentra España.
